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Socorro Caraballo, operadora turística del Muelle de la Bodeguita, dio a conocer que por una discusión entre dos empleados de su empresa Tour Playa Bonita con dos inspectores de la Capitanía de Puerto, le suspendieron por 4 meses las operaciones comerciales sin una aparente justa causa, una situación que calificó como una persecución por ser negra y por su oposición a la iniciativa de una marina que pretenden instalar en la laguna San Lázaro donde ella trabaja.
"Es una persecución porque soy negra, porque soy de las islas y porque soy unas de las pioneras promotoras del turismo en Cartagena. Me quieren sancionar y quieren empezar conmigo porque me he opuesto al proyecto de concesión de la marina que pretenden ubicar en la laguna de San Lázaro y el muelle de la Bodeguita. La doctora Zully Salazar pidió el muelle en concesión, sin reunirnos, sin decirnos nada, sin consultar con nosotros", dijo Caraballo.
Wilman Herrera Imitola, abogado defensor de los derechos de las comunidades afrodescendientes de las comunidades insulares, agregó que pedirá la intervención de los organismos de control. "Vamos a pedir todas las investigaciones necesarias e incluso la intervención de la comunidad internacional, porque no vamos a permitir más abusos por parte de Capitanía de Puertos, ni de la Dimar; necesitamos una atención especial por ser nativos y estamos al frente de un abuso de autoridad".
El capitán de navío Pedro Prada, capitán de Puerto de Cartagena, negó que se trate de un caso de racismo relacionado con la instalación de marina en el Muelle de la Bodeguita. "Es una investigación que está en curso por irrespeto y porque también golpearon a unos funcionarios de la capitanía, y por una serie de faltas que han cometido las embarcaciones de esta empresa, estamos en la potestad".
Miembros de la comunidad insular aseguraron que el caso contra Socorro Caraballo no es el único sino que también hay una persecución contra más de 223 pilotos de lanchas y sus ayudantes, que realizan sus actividades económicas en el muelle de la Bodeguita. La empresaria aseguró que con la decisión de la Capitanía de Puerto se verían afectadas unas 300 familias.
