La FM en Google News
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), el Ministerio de Justicia, el INPEC y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) firmaron un Memorando de Entendimiento con el Gobierno de Estados Unidos para fortalecer el proceso de resocialización de mujeres privadas de la libertad en el centro penitenciario de mediana seguridad de Montería, en el departamento de Córdoba.
Esta iniciativa tiene como objetivo adecuar espacios dentro del centro penitenciario para implementar proyectos productivos y educativos que fomenten la resocialización de las internas.
A través de estas actividades, se busca facilitar su aprendizaje integral y la creación de una cadena de producción y comercialización de bienes.
Le puede interesar: La BBC incluye a una colombiana entre las 100 mujeres más importantes de 2024
El proyecto contará con una fase de implementación de tres años, durante los cuales las internas podrán desarrollar aptitudes y habilidades fundamentales para su reintegración social.
En este contexto, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Francisco Palmieri, expresó que "estamos orgullosos de unir nuestros esfuerzos y apoyar al Gobierno de Colombia en esta iniciativa, que no solo busca transformar la realidad de las personas privadas de la libertad, sino también sentar las bases para un sistema penitenciario más justo, inclusivo y orientado hacia la resocialización".
Además, el proyecto denominado Carta de Implementación del Proyecto (PIL) establece la cooperación financiera y técnica necesaria para coordinar y ejecutar el proyecto, garantizar el funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones y contar con un equipo especializado para el seguimiento de la iniciativa.
Le puede interesar: Ocho detenidos en el 'megaoperativo' en cárceles, entre ellos seis funcionarios del Inpec
Actualmente, el centro penitenciario de Montería están recluidas 72 mujeres, de las cuales 31 participan en actividades educativas, 31 en actividades laborales y 6 en programas de enseñanza.
Esta estrategia servirá como referente para el desarrollo de políticas públicas en el sistema penitenciario y carcelario, promoviendo la cooperación con los sectores público y privado para establecer alianzas estratégicas que impulsen el intercambio de conocimientos y recursos, con un enfoque de género.
