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El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, solicitó a la Contraloría General de la República levantar el velo corporativo para investigar el destino de los recursos girados a la EPS Sanitas, los cuales alcanzarían los nueve billones de pesos.
Además pidió adelantar una auditoría forense para determinar el destino de los recursos que le son girados.
“Queremos pedirle a la Contraloría que levante el velo corporativo, además que se realice una auditoría al pago de los recursos adeudados de las EPS a los proveedores, pero también realizar una auditoría forense al flujo de recursos”, señaló.
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Apuntó que se hace necesario regular la integración vertical en el negocio de la salud. “Queremos saber cómo se están haciendo la transferencia de las utilidades a donde van a parar los efectivos, quien es el que se está beneficiando en última instancia”, sostuvo.
Apuntó que además le pidió realizar el giro directo a las instituciones de salud. “Solicitar al Superintendencia Nacional de Salud la certifica para realizar giro directo por parte de la Adres por el no cumplimiento del patrimonio adecuado ”, dijo.
Jaramillo fue enfático en señalar que el Gobierno le ha girado los recursos suficientes para la atención de los colombianos.
“No vemos porque mientras crecen sus empresas todo el conglomerado de sanitas ha dado una gran cantidad de utilidades en estos últimos años, por lo que no se puede entender porque dicen que no les alcanza el dinero, cuando crece su conglomerado en clínicas, y toda su integración en Brasil, Perú, Estados Unidos y México y aquí necesitamos saber si las utilidades del 2021 que fueron cerca de 600 mil millones de pesos donde fueron a parar”, sostuvo.
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Por su parte, el superintendente nacional de Salud, Ulahi Beltrán, manifestó que le hizo el traslado de las quejas de los usuarios de la EPS sanitas a la Contraloría para determinar si por las fallas en la atención en salud hay detrimento patrimonial.
“Hemos traslado los primeros casos los reclamos por denegación de servicios generados a partir de afiliados al sistema de seguridad social en salud y los hemos traslados a la Contraloría General para que si ellos determinan detrimento patrimonial se produzcan las acciones derivadas del control fiscal”, indicó.
