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La ministra de educación, Aurora Vergara aseguró que el Gobierno ya alista un plan de contingencia para resolver la situación de más de siete mil estudiantes que podrían quedarse sin educación gratuita en Argentina, tras conocerse la decisión del presidente de Argentina, Javier Milei, de modificar artículos de la 'Ley ómnibus'.
La ministra aseguró que ya se han realizado diferentes articulaciones con las autoridades argentinas, porque la ley debe surtir un proceso específico internamente en el país.
“Estamos avanzando, por un lado, evaluando el impacto de la ley, el curso que va a tener con todas las autoridades correspondientes. También estamos en articulación con la Embajada de Colombia en Argentina, para avanzar en la identificación de los con nacionales, dependiendo de su nivel de formación”, expresó la ministra Vergara.
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De igual manera, la líder de minEducación afirmó que se han desplegado diferentes acciones para identificar a las personas que están en pregrados, en formación de maestrías y doctorados.
“Ya tenemos identificado que hay un grupo significativo que está en formación en ciencias de la salud, en especializaciones. A medida que vamos avanzando con la identificación de la población y del impacto de la ley que firmó el presidente en Argentina, presentaremos ante el país la propuesta que tenemos para recibir a a los estudiantes colombiana de Argentina”, dijo Vergara.
Cabe mencionar que el presidente Gustavo Petro aseguró que en cuenta de X que Colombia recibirá a los estudiantes que se verán afectado por la decisión de Javier Milei. "Vamos a gestionar para que puedan continuar sus estudios en Colombia sin mayor obstáculo y también de manera gratuita", escribió Petro.
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La 'Ley ómnibus', en su artículo 553, dice que solo los nativos argentinos y extranjeros con residencia permanente podrán acceder a la educación superior gratuita. En ese sentido, los extranjeros que viajen a Argentina solo para estudiar tendrían que pagar.
Sin embargo, la reciente ley presentada por el presidente Javier Miley, no obliga a las instituciones públicas de educación superior a cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros, la decisión quedará en manos de los dirigentes de estas instituciones.
