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El Consejo de Estado negó la petición que presentaron algunos desplazados por la llamada masacre de Chengue, ocurrida en el 2001 en el municipio de Ovejas (Sucre), para que se les incrementara la reparación por los hechos de los cuales fueron víctimas.
Ellos no estuvieron de acuerdo con la sentencia del Tribunal Administrativo de Sucre, que en el 2019 ordenó pagarles 20 salarios mínimos mensuales vigentes a los mayores de edad y 15 a los menores que hicieron parte de las 22 víctimas, y más de seis millones de pesos a cada uno por los ingresos que habrían dejado de percibir por el desplazamiento.
Sin embargo, el Consejo de Estado no les aceptó esa petición, porque consideró que no demostraron que su afectación por el desplazamiento hubiera sido tan grave como para repararlos en hasta 100 salarios mínimos mensuales como ellos pedían.
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“En virtud de todo lo anterior, es claro que la sola conducta del desplazamiento forzado no impone que los perjuicios morales deban tasarse automáticamente en un monto superior a los 100 smlmv, porque ello está condicionado a que en el proceso se demuestre un daño moral más gravoso e intenso, lo cual no ocurrió en este caso, por lo que el Tribunal Administrativo de Sucre, en ejercicio de su autonomía, tasó las sumas que estimó conveniente para los actores”, se lee en el fallo.
La masacre ocurrió en la madrugada del 17 de enero de 2001, durante el gobierno del entonces presidente Pastrana, cuando cerca de 80 paramilitares del Bloque Montes de María llegaron a la población, cortaron los cables de energía y asesinaron a los campesinos.
De acuerdo con la información que entregó el portal periodístico Rutas del Conflicto, los paramilitares obligaron a los campesinos a tenderse en el piso llevándolos uno a uno a una calle y asesinándolos a machete.
Según las investigaciones que adelantó la Procuraduría, un suboficial de la Armada tuvo conocimiento previo de los hechos y habría sido quien le entregó las armas a los paramilitares al mando de Rodrigo Pelufo, alias ‘Cadena’.
