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Por medio de una carta más de 1.600 líderes sociales respaldaron a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, luego de la ola de críticas que generó en el Gobierno el informe revelado por el representante de la organización en el país, Alberto Brunori.
En la misiva de cinco párrafos, advierten que desde que hace 23 años sus informes le han revelado al mundo la situación del país desde sus veredas, corregimientos y municipios.
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“El movimiento social y de derechos humanos ha respaldado su labor y los informes que anualmente sintetizan los principales eventos relacionados con la violencia socio-política en el marco del conflicto armado, con asuntos humanitarios, y con la situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario en general”.
También expresaron que, las recomendaciones que la ONU ha hecho han permitido generar cambios positivos en el país.
“Sus recomendaciones han sido un instrumento valioso y permanente para la incidencia nacional e internacional, así como un documento útil en escenarios internacionales para una mejor comprensión de nuestra realidad”.
Frente a las críticas del Gobierno al informe presentado por la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, los más de 1.600 líderes sociales expresaron su apoyo irrestricto y aseguraron que en las 85 páginas que contiene el informe se muestra la realidad del país.
“Esta semana, el representante en Colombia de la OACNUDH, el señor Alberto Brunori, publicó el Informe correspondiente al año 2019, el cual respaldamos y consideramos oportuno, serio, riguroso y ajustado a la realidad que vive Colombia en materia de derechos humanos. Este reporte coincide con la realidad que, a diario, se ve a través de los medios de comunicación, redes sociales y denuncias interpuestas por las organizaciones sociales en los diferentes territorios del país. La descripción cuantitativa y cualitativa que contiene, da cuenta del deterioro exponencial que viene sufriendo el país en materia de derechos humanos últimamente”.
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En ese sentido agregaron que “consideramos indebida e injustificada la reacción del Gobierno nacional del presidente Iván Duque al Informe y a la labor de la Oficina a cargo del representante Brunori”.
Los líderes sociales que firmaron la carta, además, expresaron que les preocupa el poco compromiso que aparentemente tendría el Gobierno con la defensa de los derechos humanos, esto a raíz de los pronunciamientos de los últimos días.
“Esta reacción desproporcionada demuestra la falta de compromiso del Gobierno con los derechos humanos a nivel internacional con las instancias que como la Oficina, aportan constructivamente a la vigencia de los derechos humanos en nuestro país”.
Por lo mismo, agregaron que “las plataformas y organizaciones sociales y de derechos humanos respaldamos el trabajo juicioso y documentado del señor Alberto Brunori y su equipo de trabajo, nacional y regionales, y saludamos su permanencia en el país hasta el 2022”.
Solicitaron también que se escuchen las recomendaciones que a través de la ONU se hicieron para enfrentar los hechos de violencia que se registran actualmente en el país.
“Instamos al Gobierno nacional a que atienda las recomendaciones contenidas en el informe, pues de esta manera se contribuirá a enfrentar la creciente violencia en el país, y se adoptarán medidas verdaderamente efectivas para garantizar los derechos humanos de la población”.
Los líderes también manifestaron que es necesario que se cumpla con lo pactado dentro del acuerdo paz, y resaltaron que ha sido reconocido a nivel internacional “como inédito y de interés mundial”.
Finalizaron ratificando que los líderes y organizaciones defensoras de los derechos humanos en Colombia, continuarán apoyando a la ONU en todos los procesos que permitan la búsqueda de la paz.
“La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia seguirá contando con nuestro apoyo para continuar contribuyendo de manera significativa a la prevalencia de la convivencia y la búsqueda de la paz en Colombia mediante su mandato de observación, de asistencia técnica y de verificación a la complementación del acuerdo de paz”.
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