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Unas 36 familias, representadas en 107 personas, se desplazaron de la vereda La Pipiola de Tarazá tras el crimen de dos campesinos y por amenazas de grupos armados ilegales, que delinquen en esa zona del Bajo Cauca antioqueño.
Wilson Córdoba Mena, director de la Unidad para las Víctimas, aseguró que ya están atendiendo a las víctimas, entre las que hay 41 menos de edad, una mujer embarazada, dos madres lactantes y nueve adultos mayores.
Indicó, además, que también atienden a las 34 familias desplazadas en Cáceres, representadas en 89 personas.
"El equipo de atención a emergencias de la Unidad para las Víctimas hace presencia en este territorio en articulación con la Alcaldía y la Personería municipal, realiza la toma de declaración y se reporta el censo por ahora de 36 familias, el cual está abierto en caso de que otras personas lleguen de esa zona para garantizar su acceso a la declaración por desplazamiento forzado y la ayuda humanitaria inmediata", añadió el director.
Según las denuncias de la comunidad, hombres armados ingresaron a sus casas, los amenazaron de muerte y les dieron la orden de abandonar sus viviendas.
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La mayoría de las personas desplazadas en Tarazá se encuentran en un albergue temporal ubicado en el casco urbano.
Córdoba Mena también manifestó que "en primera instancia actúa el municipio, que por ley está obligado a atender la emergencia, luego entra la Gobernación y por último la Unidad para las Víctimas, entregando la ayuda humanitaria. Quedamos atentos al requerimiento del municipio para apoyar con la alimentación si es necesario".
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Durante el 2019, la Unidad para la Reparación a las Víctimas atendió en Antioquia 17 eventos masivos en los que se vieron afectadas 670 familias, correspondientes a 2.032 personas, en su mayoría del Bajo Cauca del departamento.
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