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Por medio de una carta, el exalcalde de Medellín Luis Pérez Gutiérrez le solicitó una rectificación de sus declaraciones al fiscal general de la Nación Francisco Barbosa, luego del anuncio de que cuatro predios a su nombre serían afectados con fines de extinción de dominio por presunta relación con estructuras paramilitares.
En la misiva, Pérez le expresa a Barbosa que hizo “aseveraciones para los medios nacionales e internacionales donde me trata como un personaje maligno y peligroso poniendo en riesgo mi vida, mi integridad personal, y todo mi buen nombre. Le solicito con afecto y respeto rectificar de igual o mejor manera”.
El también exgobernador ya había explicado a la opinión pública que, con la venta de su casa, obtuvo los recursos para pagar su participación en esta propiedad implicada en el lío legal, pero en la misiva ahonda en las condiciones en que se dio dicho negocio.
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Por ejemplo, señaló sobre la finca Torrealta que fue un negocio que se hizo en el año 2006 y son cerca de 10 socios, de los que dijo, “ninguno es testaferro de nadie”. Agrega que se llevó a cabo un avalúo comercial oficial por parte de un especialista de la Lonja, el estudio de títulos fue realizado hasta 2006, y según afirmó el exmandatario, en ningún documento aparecen los paramilitares Castaño.
Incluso, Pérez señala que en ese mismo año se solicitó ante el Consejo Nacional de Estupefacientes y la Fiscalía General de la Nación su concepto y ninguno de los predios habría tenido problemas, de acuerdo con la decisión del Fiscal 20 especializado de diciembre del 2006.
A su vez, apuntó que el abogado representante de las personas que les vendieron el predio declaró en la notaría Sexta de Medellín que “durante su periodo de propiedad en el pasado nadie reclamó, ni perturbo la posesión de los predios”.
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“El grupo de empresarios compramos todos de buena fe y respeto a la legalidad. Hoy la Fiscalía trata de calificarnos de bandidos a quienes obramos con decencia y buena fe. A cualquier colombiano le puede pasar lo mismo. Qué inseguridad jurídica”, dice la carta del exgobernador de Antioquia.
De otro lado, se indica que los 10 socios de estas propiedades desconocen el avalúo de $73.000 millones, además de que la propiedad no tendría supuestamente ni la mitad de las 550 hectáreas que señaló la Fiscalía en un comunicado.
Según la Fiscalía, uno de estos millonarios bienes fue denunciado por el postulado a la Ley de Justicia y Paz, Rodrigo Alberto Zapata Sierra, alias Ricardo, quien manifestó que el terreno estaba relacionado con Vicente Castaño, luego del cobro de una deuda entre los narcotraficantes Gustavo Tapias Ospina, alias Techo; y Édgar Marroquín, alias Marroco.
