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En Cartagena, hay preocupación por una eventual parálisis de Sistema Integrado Masivo de Transporte, Transcaribe, por una disputa interna entre las empresas que integran el operador del sistema de recaudo, Smartmatic y Dataprom. La preocupación llegó a los concejales, quienes analizan qué hacer frente a esa amenaza que pone en riesgo a Transcaribe y sus 80 mil pasajeros diarios.
El concejal César Pión, del partido de la U, explicó que la empresa Smartmatic pretende reclamar 8 millones de dólares al Distrito, justificados en unos presuntos gastos que se presentaron desde 2.011, “eso no se lo cree nadie, eso no es así. ¿En qué se gastaron esa plata si no estaba en funcionamiento nada y la tecnología la tenía Dataprom? tengo entendido que a Dataprom le deben solo un millón de dólares”.
Para el cabildante Américo Mendoza, del partido ASÍ, el reclamo de Smartmatic de 8 millones de dólares no tiene validez porque “el sistema apenas comenzó a operar hace un año y ese fue prácticamente el regalo que le dieron, porque tenían esa pretensión económica cuando realmente, lo que nosotros hemos observado, no prestaron el servicio no hubo un solo peso de inversión en los años anteriores.
Adicional a eso, Mendoza Quessep, expuso que el gerente de Transcaribe, Humberto Ripoll, debería revisar ese contrato suscrito desde sus inicios, “porque una de las empresas que pretende ‘apoderarse’ del recaudo, tiene como misión más centrada en logística electoral, y no precisamente la prestación de servicios de transporte masivo”.
Sin embargo, Pión González, replicó la manera sencilla como se plantea la disolución del contrato, porque “hay un convenio y que hasta que haya una falta demostrable no se puede revertir. A pesar de que es un contrato que se rige con normas privadas, en la parte pública también hay una serie de sanciones que pueden deshacer un contrato, pero solo cuando haya pronunciamiento de los órganos de control”
Para los concejales esa disputa interna en Colcard tiene en vilo a la ciudad porque existe la posibilidad de una parálisis en el sistema de recaudo, por consecuencia también en Transcaribe. El cabildante Mendoza Quessep, insiste que “la ciudad ha hecho grandes esfuerzos y que la corporación comprometió unas vigencias futuras, para que las dos empresas tengan una disputa absurda”
Por su parte, Nixon Napoleón Navarro, representante legal de Colcard, Smartmatic había inflado sus estados financieros para demandar al distrito de Cartagena y reclamarle 8 millones de dólares, aunque dejó claro que la otra parte del consorcio, es decir, Dataprom, no participa de esa acción jurídica y también precisó que no podrán ‘apagar’ el sistema de recaudo de Transcaribe.
“Ellos (Smartmatic) han tratado de atemorizar a la ciudad diciendo que va apagar el sistema, ha tratado de atemorizar a la ciudad. Eso no es cierto porque no lo pueden hacer, ellos no tienen acceso al software, solo Dataprom podría apagar el ‘switch’ y en que caso que se la empresa deba abandonar la operación, el sistema de recaudo queda en manos de Transcaribe”, puntualizó Navarro Barraza.
Según Navarro Barraza, la empresa Dataprom instauró una denuncia penal contra Alberto Castro y Chandler Molina miembros de Smartmatic, y también contra el ciudadano venezolano, Armando José Farías Jiménez, quien reclamaba ser el representante legal de Colcard, por falsedad en documento privado por pretender engañar a la Cámara de comercio.
Colcard es una sociedad de hecho conformada por Smartmatic, con una participación en utilidades del 70%, mientras que Dataprom con un 30%.
