La gobernadora del Tolima advirtió de los impactos de la descertificación en inversión y exportaciones

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, expresó su preocupación frente a los efectos que puede traer para el departamento la descertificación de Colombia en materia de lucha antidrogas anunciada por el Gobierno de Estados Unidos. Según la mandataria, la medida no solo tiene un impacto diplomático, sino que también podría afectar la economía regional, especialmente en temas de exportaciones y atracción de inversión extranjera.

“Esa descertificación afecta al departamento, porque ustedes saben que Estados Unidos puede tomar medidas alternas y, dentro de esas medidas, puede en cualquier momento decidir subir aranceles. Eso nos impactaría directamente por las exportaciones que realizamos desde el Tolima”, aseguró la gobernadora en declaraciones a los medios.

Matiz explicó que, más allá del comercio internacional, el riesgo principal para el departamento está en la inseguridad jurídica que genera un escenario de confrontación con una potencia económica como Estados Unidos. “Aquí en el Tolima, específicamente, el impacto es sobre todo por los temas de inversión. Esa inseguridad jurídica lleva a que no tengamos la inversión que necesitamos y requerimos en el departamento del sector privado”, señaló.

La mandataria recordó que desde su administración se adelanta la estrategia 'Tolima Centro de Inversión', con la que se busca atraer capital nacional y extranjero para proyectos estratégicos. “Lo que queremos es traer inversionistas que lleguen a nuestra región. Ya se están adelantando algunos proyectos por parte del sector privado, pero para que estos avancen necesitamos generarles esa seguridad jurídica”, enfatizó.

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De acuerdo con la gobernadora, la incertidumbre generada por la descertificación complica el panorama para sectores como la agroindustria, el turismo y las energías renovables, que requieren respaldo del capital privado para consolidar sus planes. La falta de confianza, subrayó, puede frenar iniciativas clave para la generación de empleo y el desarrollo económico del Tolima.

Matiz también se refirió a las tensiones diplomáticas derivadas de la decisión de Estados Unidos, aunque fue prudente en sus comentarios frente a las posturas del Gobierno nacional. “¿Qué tan prudente es para el país caldear los ánimos así con una potencia como los Estados Unidos? Bueno, yo no puedo manifestar nada en torno a eso porque es el presidente de la República el que está caldeando esos ánimos. Yo tendré mis opiniones, que me las reservo en este momento”, declaró.

Para la dirigente regional, el reto inmediato es mantener la confianza de los inversionistas y garantizar que el Tolima no quede rezagado frente a otros departamentos que compiten por los mismos recursos y oportunidades. En ese sentido, insistió en que el trabajo conjunto entre el sector público y privado es indispensable para sortear los efectos de la coyuntura internacional.

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El anuncio de la descertificación, hecho por la administración de Donald Trump, generó reacciones en diferentes sectores económicos y políticos del país. Expertos advierten que, además de los posibles aranceles, Estados Unidos podría restringir ayudas financieras y cooperación internacional, lo cual pondría en aprietos programas de seguridad, justicia y desarrollo social en varias regiones.

En el caso del Tolima, la situación es especialmente sensible porque el departamento busca consolidarse como un destino atractivo para inversión agroindustrial, logística y turística, pilares de la estrategia de desarrollo planteada por la actual gobernación.

La gobernadora Matiz concluyó haciendo un llamado a la prudencia y al diálogo diplomático, al tiempo que reiteró la necesidad de blindar al Tolima frente a las consecuencias de una decisión que, según ella, no debe desmotivar a los inversionistas ni frenar la dinámica económica del departamento.

Con estas declaraciones, el Gobierno seccional busca poner sobre la mesa la urgencia de proteger los proyectos en marcha y fortalecer la confianza de los actores privados, en medio de un panorama que exige estabilidad jurídica y certidumbre para seguir avanzando en la reactivación económica regional.