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La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, rechazó al atentado perpetrado en las últimas horas en Cali, Valle del Cauca, que dejó un saldo de seis personas muertas y otras 64 heridas.
Marín calificó el hecho como un crimen de guerra. El ataque indiscriminado sobre la población civil alteró el orden público tras la explosión de un camión cargado con cilindros bomba en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez.
El hecho, que afectó esencialmente a personas y bienes civiles, fue constituido como una infracción al derecho internacional humanitario, (DIH). "Este ataque constituye una afrenta directa a la vida y la dignidad humana, y una infracción clara al derecho internacional humanitario, que prohíbe de manera absoluta los ataques contra civiles", señaló el órgano de control.
La defensora reiteró que la zona fue advertida a través de la Alerta Temprana 001 de 2022, que apuntó riesgos derivados de la presencia del ELN, de grupos de delincuencia organizada asociados al narcotráfico y de facciones disidentes de las FARC.
Adicionalmente, Marín se refirió al ataque contra un helicóptero de la Policía en la vereda Los Trozos, de la zona rural de Amalfi, que brindaba seguridad a uniformados en labores de erradicación manual de cultivos de coca. La aeronave fue atacada con un dron cargado de explosivos.
"Es muy importante la judicialización, reformar medidas de seguridad de parte de la fuerza pública y una revisión de todas las políticas para prever estos riesgos de seguridad", afirmó la Defensora.
Por su parte, la exministra de Justicia Ángela María Buitrago señaló que los grupos que estarían presuntamente implicados en el atentado estarían ejerciendo presión frente a las negociaciones de paz.
"Necesitamos ponerle orden a una política de sometimiento y reducción de la criminalidad. El estado no puede seguir cediendo a los grupos criminales", afirmó la exfuncionaria.
