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De acuerdo con Human Rights Watch, el acuerdo establecido por el Gobierno y las Farc haría que los responsables de falsos positivos puedan evadir condenas.
Según el informe, el mecanismo podría ser empleado “para otorgarles una inmunidad amplia a agentes del Estado que cometieron crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad”.
Así mismo, las “investigaciones sobre casos de falsos positivos llevadas a cabo por la Fiscalía General de la Nación probablemente serán transferidas a la Jurisdicción Especial para la Paz”.
“Incluso podrían blindar la persecución penal de los casos conocidos como 'falsos positivos', que involucran la ejecución sistemática de nada menos que 3.000 civiles cometida por brigadas del Ejército a lo largo de Colombia entre 2002 y 2008”, dice el documento.
Agrega que sería muy probable que muchos “agentes del Estado” implicados en casos de falsos positivos no sean perseguidos penalmente si los casos se transfieren a esta jurisdicción.
“Según el acuerdo con las Farc, una sección del Tribunal Especial para la Paz podrá reemplazar estas condenas por las sanciones previstas en el acuerdo. La sección podrá incluso considerar que las sanciones ya han sido cumplidas, lo que permitiría que decenas de perpetradores de falsos positivos sean liberados”.
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