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La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación previa contra funcionarios por determinar de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), por el contrato que habría firmado la entidad con RTVC para que ese medio público sea operador logístico de los eventos del organismo por cuatro meses.
El organismo explicó que este contrato estaría suscrito por un monto de 15.000 millones de pesos, por lo que anunció que realizaría todos los procesos de inspección para establecer presuntas irregularidades.
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La Procuraduría indagará si la suscripción de ese contrato se acoge a los estatutos internos de RTVC, por cuanto su objeto es la programación, producción y operación de la red de radio y televisión, más no es operador logístico de eventos.
"Lo que se está tratando de verificar en las denuncias planteadas, y las denuncias hacen referencia a la utilización de esa contratación, con un objeto no adecuado al objeto esencial de RTVC como es lo relacionado con medios televisivos o medios audiovisuales", mencionó la procuradora general, Margarita Cabello.
Esta indagación fue abierta tras las denuncias que se dieron a conocer en medios de comunicación sobre que la Agencia Nacional de Tierras fue la entidad que puso los recursos para trasladar a los campesinos, indígenas y afrodescendientes desde las regiones hasta Bogotá para participar en la marcha del 27 de septiembre.
Para la procuradora, lo fundamental es iniciar la revisión del contrato para verificar si se acordó que RTVC sería el operador logístico, cuando el sistema de medios tiene funciones de transmisión por medios de comunicación.
"Hay que mirar el contrato, hay que mirar si el contrato permite la compra de gorras, la compra de comida, la compra de camisetas, etcétera, etcétera, es analizar eso, pero cumplir como órgano de control con unas denuncias masivas que en todos los medios se hizo frente a la situación de las marchas de ayer y de cómo fueron financiadas", concluyó la procuradora.
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La entidad informó que en las últimas horas realizó una inspección disciplinaria en la Agencia Nacional de Tierras y en RTVC por parte de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, con el objetivo de recaudar documentos.
