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Cortesía Cardique.
17 Mayo 2017 07:00 AM

Habitantes de Tierra Bomba: la Policía no ejerce autoridad en la isla

Tierra Bomba, a cinco minuto de Cartagena, es una comunidad insular de por lo menos 3 mil habitantes.
La
Fm

Ante el pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación, que insta a la alcaldía de Cartagena a tomar medidas urgentes que ayuden a mitigar el microtráfico, pandillismo y otros problemas de orden público que agudizan la crisis social de Tierra Bomba, el secretario del Interior, Fernando Niño, desmintió que la situación sea tan grave como reportan los nativos de la isla.

“En el tema de pandillas, por ejemplo, nuestros estudios nos informan que en esta zona no tenemos registro o censo de pandillas establecidas, eso quiere decir que no hay un grupo de jóvenes que tengan un liderazgo que tengan un dominio territorial y que se dediquen a actividades delincuenciales o ilicitas” señaló Fernando Niño.

Niño Mendoza, añadió que en la isla hay unidades de policía permanentes en Bocachica, Tierrabomba y Caño de Oro y “que hemos brindado motocicletas nuevas para que las autoridades se pueden movilizar de manera más rápida ante los llamados de la comunidad”.

Mario Morales, representante legal del Concejo Comunitario de Tierrabomba, advierte que se trata de un problema de autoridad, los policías que están en la isla no garantizan la seguridad, “con la falta de autoridad, la gente hace lo que quiere porque el cuerpo policial que está ahí no ejerce su función”.

El funcionario hizo un balance de los actos delictivos ocurrido en 2016 y en lo que va de 2017, se presentó un solo homicidio, un hurto a personas y dos lesiones personales; resultaron capturados 4 personas por hurto y uno por receptación. En los primeros cinco meses tenemos dos denuncias por lesiones personales, tres hurtos a personas y una persona capturada por porte de arma de fuego”.

En Tierra Bomba, una isla al norte de Cartagena, es difícil conseguir agua para el consumo humano, es complicado tener energía eléctrica todo el día, hay proliferación del sustancias alucinógenas, microtráfico, pandillismo, deserción escolar e inseguridad. Un cúmulo de situaciones que ponen riesgo los derechos fundamentales de los que residen ahí, como lo alerta la Procuraduría General de la Nación.