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A dos años desde que el presidente Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño, sectores como el de transporte tienen un balance en materia de avances y puntos pendientes. Los combustibles y peajes han abarcado los aspectos más álgidos durante su mandato.
Como un "desastre total" calificó el presidente de la Cámara Intergremial de Transporte (Unidos), Alfonso Medrano, el cumplimiento del Estado con el sector. El líder gremial aseguró que lo percibido es completamente distinto a lo prometido por el mandatario.
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"Nos prometió que no iba a haber incremento en los peajes, que no iba a subir el diésel, nos prometió una infraestructura vial acorde al precio en los peajes que estamos pagando, nos prometió que no iba a haber violencia y que habría seguridad en las vías. Esto ha sido un desastre y estamos en un atraso absoluto", dijo Medrano en diálogo con RCN Radio.
El dirigente de Unidos puso como ejemplo los dos aumentos a los peajes durante 2024, siendo el más reciente la semana pasada en 4.64 %, mientras crece la inquietud de si otra alza llegará el próximo año. En lo concerniente al diésel, Medrano aludió a un "acuerdo verbal" con el presidente para cambiar la fórmula del precio de los combustibles que no se materializó.
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En ese mismo sentido, aseveró que el Ministerio de Hacienda centró las mesas técnicas en, por ejemplo, el precio del ACPM (del cual el ministro, Ricardo Bonilla, anticipó que podría subir $6.000 entre 2024 y 2025). "Nos volvieron a llamar, pero con otro tema totalmente diferente al pactado; ese no fue el acuerdo", añadió.
Por su parte, el Ministerio de Transporte, ahora en cabeza de María Constanza García, subraya avances en proyectos de intervención vial como 108 kilómetros en Bucaramanga, Lebrija y Rionegro. Este incluye una inversión de $700.000 millones para la construcción de 10 tramos.
A mediados de julio, Garcíaanticipó que empezaría el cobro por valorización sobre las vías 4G para ayudar a financiar obras públicas. Su antecesor, William Camargo, dijo (tras confirmarse su salida) que dejaba avances como "procesos para conectar con infraestructura vial los territorios históricamente excluidos y la distribución de valorización nacional para restablecer el balance de inversión del estado en zonas de conflicto".
