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Tras la decisión de la Corte Constitucional de declarar al río Atrato como sujeto de especial protección debido a las graves afectaciones provocadas por la minería ilegal, las organizaciones ambientales que adelantaron dicha iniciativa popular, destacaron la decisión.
Ximena González, abogada de la ONG Tierra Digna, manifestó que la intención es que cuanto antes, se adopten las medidas que permitan recuperar el afluente que está impactado en la salud de las comunidades étnicas en esa zona del país.
"Presentamos una acción contra 27 entidades del Estado de todos los municipios tanto de Chocó como de Antioquia que tienen jurisdicción sobre la cuenca" dijo.
Aseguró que la decisión judicial "responsabiliza a los ministerios de Ambiente, de Minas y Energía y de Hacienda, para que se reserven recursos que permitan invertir en estos planes de recuperación".
La vocera dijo que fueron más de dos años de espera para poder lograr una decisión que pueda beneficiar a los habitantes de esa zona, que se han visto afectados como consecuencia del alto nivel de contaminación del río.
"Esta tutela presentamos en 2015 en enero de 2015, pero hay un trabajo de dos años antes y la presentamos con toda las organizaciones afrocolombianas y con una plataforma también de indígenas, tras el olvido y el abandono del Estado" dijo.
Indicó que "estas comunidades han hecho de todo, han intentado espacios de comunicación con el Gobierno, han hecho marchas y entonces nos vimos obligados a tomar una acción".
González precisó que el río Atrato es uno de los afluentes más importantes no solo en el departamento del Chocó sino en el país y agregó que la intención es que se pueda agilizar ese proceso de recuperación que beneficie a las comunidades de esa regiones.
"Es el tercer río más importante de Colombia y atraviesa al menos el 65% del departamento del Chocó" señaló.
Agregó que "Ha sido un proceso difícil tanto en el litigio como en los temas legales... encontramos cerradas las puertas del Consejo de Estado y del Tribunal de Cundinamarca y cuando llegó este proceso a la Corte, nos esperamos casi dos años, antes de esperar una decisión".
Destacó que los Magistrados de la Corte Constitucional se hayan desplazado hasta esa región, para analizar de primera mano la situación ambiental que se viene registrando en el río Atrato, derivada principalmente de la minería ilegal.
"Las decisiones judiciales no se pueden tomar desde un escritorio en Bogotá... Hicimos recorridos por las zonas más contaminadas y unos sobrevuelos con los Magistrados porque es importante que la justicia se aproxime a los problemas para tomar decisiones efectivas" expresó.
Frente a las medidas que se deben adoptar para la recuperación del afluente, Ximena González explicó que la intención es que "En menos de un año, las entidades del Estado y las comunitarias se deben sentar para construir un plan para reconstruir esta cuenca" manifestó.
Dijo que es fundamental que se analice el nivel de deforestación y de contaminación que se registra en el río Atrato, ya que sus aguas desembocan en el mar Caribe y esa alta toxicidad está causando daños más graves en el ecosistema.
Finalmente, la vocera señaló que en este proceso que espera se surta lo más pronto posible, también se ordena la convocatoria de paneles de expertos que tendrán que guiar el proceso para la recuperación y reconstrucción del río.
"El departamento del Chocó ha sido muy olvidado en las prioridades del Gobierno central y esto es un reto, pero haremos todo para que se cumpla" aseveró.
