Gobierno pagará por recuperación y protección de ecosistemas con cultivos ilícitos

Esta normativa, ajustada a los Acuerdos de Paz con las Farc, obedece al panorama “ante el incremento de cultivos de uso ilícito en áreas de ecosistemas social y ambientalmente estratégicos, así como la tala ilegal de bosques naturales viene generando grandes focos de deforestación y transformación de estos territorios poniendo en peligro inminente la biodiversidad que alberga los ecosistemas y la pérdida de sus servicios ambientales”.

“La implementación del Pago por Servicios Ambientales constituye un reconocimiento económico inmediato de carácter voluntario por las acciones que permitan el mantenimiento y generación de servicios ambientales, realizadas en áreas y ecosistemas ambientalmente estratégicos con presencia de cultivos de uso ilícito, conflictos por usos del suelo, entre otros, constituyéndose en áreas de especial importancia para la construcción de una paz estable y duradera”, dice el decreto.

 De acuerdo con la Presidencia de la República, el pago por estos servicios ambientales se hará “priorizando a quienes sean propietarios, poseedores y ocupantes de buena fe exenta de culpa de la pequeña y mediana propiedad, basada en el nivel de vulnerabilidad establecido por los indicadores del Sisbén, el censo nacional agropecuario, y los pueblos indígenas y demás grupos étnicos identificados como en peligro de exterminio definidos en el auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional o pueblos indígenas que se encuentren en situaciones similares de vulnerabilidad”.

“Para la implementación del incentivo de Pago por Servicios Ambientales las entidades nacionales, regionales y locales, de acuerdo con sus competencias y necesidades de conservación de servicios ambientales que requieran, se articularán y asignarán recursos en sus planes de acción, planes plurianuales y planes operativos anuales de inversión (POAI); estas asignaciones en el caso de las entidades nacionales que hagan parte del Presupuesto General de la Nación quedarán condicionados a las disponibilidades tanto del Marco de Gasto de Mediano Plazo del sector respectivo, como del Marco Fiscal de Mediano Plazo vigente”, dice la norma.

Este decreto fue elaborado por el Ministerio de Ambiente, el cual estuvo encargado de establecer los lineamientos técnicos y operacionales de los pagos por servicios ambientales, los cuales serán vigilados de cerca por las autoridades regionales, que estarán encargadas de fiscalizar la preservación de los ecosistemas y contribuyan a la erradicación de cultivos ilícitos.