La FM en Google News
Con la aprobación de la ley, el Ministerio de Justicia, a través de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), se podrá mantener la capacidad del servicio de alimentación en estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) hasta el 30 de junio de 2025.
Cabe mencionar que después de esa fecha, la responsabilidad de alimentar a los privados de la libertad en las URI y estaciones de policía recaerá en los municipios y departamentos, conforme a la orden de la Corte Constitucional en 2022. En la actualidad, más de 17.000 personas privadas de la libertad reciben alimentación de la Uspec en estos centros de detección.
Le puede interesar: Quienes custodiarían las URI en Bogotá serán los vigilantes: general (r) Jorge Luis Vargas
La ley está compuesta por cuatro artículos, la cual busca evitar un cese en la prestación del servicio, asegurando los derechos fundamentales de quienes están detenidos preventivamente en centros transitorios.
La asignación presupuestal para alimentación de personas privadas de la libertad tanto en centros de detención transitoria como en cárceles del Inpec en 2023 fue de más de 640 mil millones de pesos, de los cuales más de 90 mil millones de pesos fueron destinados a los centros de detención transitoria.
Sin embargo, para el 2024, se proyecta un presupuesto de más de 670.000 millones de pesos para el servicio de alimentación.
Le puede interesar: Autoridades reportan motín en la URI de Puente Aranda
"El proyecto fue elaborado en colaboración armónica con entidades territoriales, resultado de mesas de trabajo convocadas por el Ministerio de Justicia, con la participación de la Uspec, Asocapitales, Asointermedias, Fedemunicipios, Fedepartamentos, Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación. Solo está a la espera de la conciliación de Senado y Cámara y la firma del presidente Gustavo Petro", explicó la cartera de Justicia.
Otro de los dolores de cabeza en centros de detección es el hacinamiento, según informes actualmente esta problemática supera el 124%, lo que genera otras vulneraciones a los derechos humanos.
Datos de la Policía Nacional señalan que más de mil privados de la libertad están condenados y alrededor de 21.000 se encuentran imputados.
