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Un grupo interdisciplinario de exministros y ex viceministros de salud en una carta mostraron su preocupación por la deficiencia en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) teniendo en cuenta la instalación de la Mesa Técnica, que este jueves instalará el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dando cumplimiento a la orden de la Corte Constitucional.
De forma conjunta y vehemente decisiones sin rigor técnico ponen en riesgo el derecho a la salud y la sostenibilidad del sistema de salud en el país.
“El grupo de exministros y exviceministros de Salud y Protección Social, firmante de esta comunicación, reafirma su profunda preocupación por el proceso mediante el cual se definió la Unidad de Pago por Capitación (UPC) 2025, que compromete la financiación suficiente del sistema de salud y, en consecuencia, la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud de todos los colombianos”, indicaron.
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En el documento además criticaron la forma como el Ministerio de Salud definió para este año 2025 la UPC en 5.36%.
“Su definición se hizo sin el rigor técnico y metodológico exigido por las normas. De acuerdo con juristas, la resolución 2717 de 2024 comprometió principios de legalidad, seguridad jurídica, transparencia, participación democrática, deliberación pública, eficiencia en el gasto público, y además incurrió en falsa motivación”, indicaron.
Afirmaron que la falta de recursos tras la definición de la UPC se ha tenido un impacto directo en la atención en salud, afectando la calidad del servicio, generará barreras de acceso y pondrá en riesgo la vida de millones de pacientes.
“La ley y la Constitución establecen de manera clara la obligación que tiene el Estado de financiar con suficiencia la atención en salud, lo que implica que las decisiones relacionadas con la UPC deben estar respaldadas por estudios rigurosos, actuariales y financieros. Con estos estudios, la determinación de la UPC debe reflejar de manera precisa las necesidades de la población y los costos reales de la atención en salud”, manifestaron.
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Destacaron que el debilitamiento de la capacidad técnica del Ministerio, se ve reflejada en el desmantelamiento de la estructura de conocimiento necesaria para la toma de decisiones informadas, lo que compromete la sostenibilidad financiera del sistema.
“Ignorar esos fundamentos pone en riesgo la sostenibilidad del sistema, limita el acceso oportuno a los servicios de salud y afecta la calidad de la atención, con consecuencias directas y graves para la vida y el bienestar de los pacientes. Esos estudios no son una opción ni un formalismo, son un requisito indispensable. El incumplimiento de estas obligaciones no es una falla menor ni un problema administrativo: tiene consecuencias directas y graves para millones de colombianos”, explicaron.
Los exministros y ex viceministros además le hicieron un llamado al Gobierno y al sector salud para que se de cumplimiento de la ley y la Constitución, además de un debate basado en evidencia, sin decisiones improvisadas ni motivaciones políticas.
“Hacemos un nuevo llamado al Gobierno Nacional para que cumpla con la ley y la Constitución, así como con los Autos proferidos por la Corte Constitucional. A los diversos agentes del sector salud y a la opinión pública los invitamos a la unidad en torno a la defensa de nuestro sistema, más allá de las discusiones sobre la reforma. La salud de millones de colombianos no puede estar supeditada a decisiones improvisadas ni a criterios políticos partidistas o electorales. La garantía de su derecho requiere definiciones basadas en evidencia, planeación financiera adecuada y una institucionalidad técnica fuerte e independiente”, puntualizó.
