EPM sacó préstamo por $1 billón para atender emergencia de Hidroituango

EPM requiere cerca de 7 billones de pesos para atender a las familias afectadas.
Obras Hidroituango, seis meses después 5
La represa de Hidroituango continúa avanzando en las obras, meses después de estallar la emergencia que la tuvo al borde del colapso. Crédito: RCN Radio

En medio de la contingencia por el proyecto Hidroituango, EPM adquirió un crédito por $1 billón con el Grupo Bancolombia para atender las inversiones requeridas durante los próximos 24 meses.

Empresas Públicas de Medellín informó que este crédito tiene un plazo de tres años, y el desembolso se puede hacer hasta en dos años. “Esta financiación le permite a la empresa fortalecer sus alternativas de liquidez, cuando su flujo de caja lo requiera, en los próximos 24 meses”, indicó el gerente de EPM, Jorge Londoño De la Cuesta.

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Entre tanto, el Ministerio de Hacienda autorizó a EPM a buscar financiamiento en el exterior por 750 millones de dólares, que serán dirigidos al plan de inversiones.

EPM requiere cerca de 7 billones de pesos para atender a las familias afectadas y continuar con las obras adicionales para poner en funcionamiento la presa.

Además, para enfrentar las posibles sanciones que se vendrían como de la Comisión de Regulación de Energía y Gas por 42 millones de dólares o los $2.400 millones por impuestos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

En Contexto: Funcionamiento del vertedero de Hidroituango "va muy bien": EPM

Estudio internacional

El presidente de la Junta Directiva de EPM, el alcalde Federico Gutiérrez, confirmó que a mediados de diciembre se conocerán los resultados del estudio “causa-raíz” de la compañía chilena, Skava Consulting.

El peritaje internacional fue contratado por la empresa, por solicitud de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

La firma internacional es especialista en obras subterráneas. En este momento, sus empleados analizan documentos y realizan trabajo de campo en el proyecto hidroeléctrico de Ituango.

Por su parte, la Gobernación de Antioquia contrató un estudio a la Universidad Nacional, que concluyó que el proyecto tiene ocho errores constructivos y legales.


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