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La empresa Naturgy, casa matriz de la Electrificadora del Caribe (Electricaribe), rechazó el anuncio de la Contraloría General de la República de imputar responsabilidad fiscal por 187.000 millones de pesos, por presuntos manejos irregulares de los recursos del Fondo de Energía Social (FOES).
La empresa española indicó que tal como se ha explicado de manera extensa a las autoridades, los subsidios destinados a los estratos 1 y 2 en todo momento se usaron para cubrir los gastos de operación en las denominadas 'zonas especiales', con fundamento en la normatividad vigente.
En contexto: A Electricaribe le imputan responsabilidad fiscal por $187.000 millones
“En un contexto de prácticas de robo y fraude irresueltas y de fallas estructurales del sistema legal que impedían a Electricaribe abordar esta problemática de manera efectiva, los recursos FOES estaban y están destinados a cubrir el costo de la energía debido al faltante que sufren empresas como Electricaribe”, afirmó la compañía.
Igualmente, Naturgy señala que los recursos fueron utilizados para dar viabilidad y hacer posible la prestación del servicio en zonas, en las que de otro modo no habría conexión a las redes de transmisión y distribución.
La compañía además argumenta que durante más de diez años, tanto el Ministerio de Minas como la Superintendencia de Servicios Públicos y la misma Contraloría, avalaron la forma como se estaban manejando los recursos del FOES y reconocieron que dichos dineros se usaron para atender los gastos propios de la operación y del servicio en la Costa Atlántica.
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También advierte que no existen fundamentos de hecho ni de derecho para arribar a tal pliego de cargos, y que estudiará las vías nacionales e internacionales a disposición, para poner de manifiesto esta presión 'incausada e indebida'.
Finalmente, la empresa afirma que la decisión de la Contraloría se dio 'sorprendentemente', después de presentado el último escrito de Colombia en el arbitraje internacional iniciado por la compañía tras la toma de Electricaribe, con fines de liquidación iniciada en 2016 y con la audiencia final a pocos meses vista.
