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Ecopetrol respondió a la controversia generada por el contrato firmado con la consultora estadounidense Covington & Burling, por un valor de hasta USD 5.875.000, aclarando que la decisión fue tomada a solicitud de la Junta Directiva y sin la participación del presidente de la compañía, Ricardo Roa.
La empresa explicó que desde 2008, cuando la compañía empezó a cotizar en la Bolsa de Nueva York, ha contado con asesoría legal especializada en cumplimiento normativo, riesgos reputacionales y ética corporativa. Covington & Burling fue contratada en agosto de 2024, para evaluar políticas y procesos relacionados con autoridades estadounidenses, permitiendo que la Junta recurriera a su asesoría cuando lo considerara necesario.
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"Desde el año 2008, cuando Ecopetrol empezó a cotizar en la Bolsa de Nueva York, ha contado con un sistema de control interno y actividades de debida diligencia, apoyado por firmas de abogados de Estados Unidos, con conocimiento en asesorías especializadas en diversos temas", señaló la compañía a través de un comunicado.
Sin embargo, Ecopetrol admitió que "ni el Comité de Auditoría ni la Junta Directiva fueron consultados respecto a la firma del otrosí al contrato original, menos aún del cambio en su alcance y el valor del mismo".
Ante esto, la junta ordenó "la suspensión de las actividades desde febrero de 2025" y solicitó una auditoría e investigación para esclarecer la situación.
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La compañía enfatizó que entregará toda la información requerida en las últimas horas por la Contraloría y la Procuraduría, al tiempo que agregó que "las acciones legales en curso buscan preservar la integridad de la empresa y proteger su imagen y reputación en el ámbito nacional e internacional".
Pese a la controversia, Ecopetrol afirmó que "mantiene su solidez operativa y financiera" y que esta coyuntura "no afecta los planes ni los proyectos definidos por la empresa y tampoco las expectativas de producción y crecimiento para el año en curso", al tiempo que reiteró su compromiso con "la transparencia y la defensa del patrimonio público", garantizando que la gestión de recursos seguirá siendo rigurosa.
