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La Contraloría General de la República detectó un hallazgo fiscal por $38.849 millones de pesos en el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), relacionado con un menor valor recibido por un contrato de venta de cartera judicializada suscrito con la firma Disproyectos en noviembre de 2017.
Esa entidad logró establecer que en el mencionado contrato se pactó un precio de venta sin tener en cuenta las normas internas establecidas en el Manual del Sistema de Administración del Riesgo de Crédito, por lo que se también se descubrieron 82 hallazgos administrativos, siete de ellos fiscales por más de $41.000 millones de pesos; 13 disciplinarios y 28 hallazgos que dan lugar a indagaciones preliminares.
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Estas evidencias permitieron concluir que la cesión de derechos de cartera judicializada realizada por el FNA generó las siguientes situaciones:
* Un daño al patrimonio público por "$38.849.387.793 pesos, derivado de una diferencia entre el valor de la venta estipulada en la cláusula quinta del contrato de compraventa por 68.435.504,626 pesos, frente al valor determinado por el equipo auditor luego de aplicar los criterios establecidos en el Manual SARC V34, el cual asciende a 107.284.892.419 pesos".
* Adicionalmente, la Contraloría indicó que el contrato de compraventa "contraviene el artículo 1502 de Código Civil Colombiano, en el sentido de haberse estipulado cláusulas que generaron un detrimento patrimonial de los recursos públicos del FNA".
De acuerdo con la Contraloría, el hecho de consagrar una cláusula en la que se reconoce un valor inferior al que se encuentra como cartera vencida, "configura un menoscabo a los recursos públicos".
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El Manual del Sistema de Administración del Riesgo de Crédito SARC V34 precisa que "las garantías son un mecanismo de seguridad o forma de protección para el FNA, ante la eventualidad de que el deudor incumpla con la(s) obligación(es) adquirida (s)…”.
