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La Misión de Verificación de las Naciones Unidas para el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las extintas Farc presentará un nuevo informe trimestral de seguimiento a la implementación del tratado de 2016, en medio de un momento clave: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió sus primeras sentencias y la Misión cambió de representante en Colombia.
Miroslav Jenca se estrenará como enviado en el país del secretario general de la ONU, António Guterres, y leerá para todo el Consejo de Seguridad —la instancia más importante de Naciones Unidas— los resultados que la Misión recopiló entre el 27 de junio y el 26 de septiembre de este año, un período cargado por las repercusiones del magnicidio de Miguel Uribe Turbay.
Durante los tres meses que abarca el informe, la ONU registró diez asesinatos y dos tentativas en contra de excombatientes de las Farc, además de la desaparición de uno de ellos, de quien el documento no revela su identidad. Según datos de la Misión de Verificación, este año cuarenta firmantes de paz han sido asesinados, lo que supera la cifra de 33 de todo el 2024.
Hasta ahora, el año con más homicidios de quienes están en proceso de reincorporación ha sido 2019, con ochenta, seguido por 2020, con 76. La cifra estuvo disminuyendo desde entonces hasta el año pasado, pero la tendencia en 2025 aumenta. Desde la firma del Acuerdo hasta el 26 de septiembre de 2025, la Misión ha verificado 481 asesinatos y 164 tentativas.
"Los actos de violencia ocurridos durante el período sobre el que se informa y la persistencia de la inseguridad en algunas de las zonas priorizadas para la implementación de paz son motivo de preocupación", advirtió la Misión en su informe, en el que pidió "hacer todo lo posible para garantizar que Colombia no retroceda, sino que continúe avanzando" hacia una paz duradera.
El lapso trimestral del que habla el balance se encontró con las primeras sentencias de la JEP, que tras ocho años de funcionamiento, quince mil personas sometidas y doce mil víctimas acreditadas, sancionó al último secretariado de las Farc y a doce exmilitares por crímenes de lesa humanidad. Ahora tendrán que adelantar actividades de reparación con restricciones de libertades.
La Justicia Especial condenó a los excomandantes de las Farc por más de 21 mil secuestros, y a los antiguos miembros de la fuerza pública —del batallón La Popa, de Valledupar— por 135 asesinatos y desapariciones forzadas que falsamente presentaron como bajas en combateentre 2002 y 2005. Las sentencias ahora enfrentan apelaciones y problemas de financiación.
"Es esencial que todas las personas sancionadas sigan demostrando su compromiso con la paz cumpliendo plenamente sus sanciones", remarcó la ONU. El secretario Guterres llamó al Estado "a no escatimar esfuerzos para garantizar que se den las condiciones requeridas, entre ellas los tan necesarios fondos y las garantías de seguridad para todos los actores involucrados".
Actualmente, la JEP mantiene abiertos once macrocasos con distintos patrones de criminalidad a lo largo del conflicto armado. En los próximos meses, se espera la primera sentencia adversarial de la Jurisdicción, en contra del excomandante de La Popa Publio Hernán Mejía, quien no se acogió al sistema transicional y podría recibir hasta veinte años de cárcel.
Mientras tanto, el Gobierno debe continuar con otros puntos del Acuerdo, como la reforma rural integral, que incluye la adjudicación y la formalización de tierras. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha reportado solamente 275,5 mil hectáreas adjudicadas desde la firma del Acuerdo en 2016, lo que representa apenas un 9% de la meta fijada en tres millones de hectáreas.
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"Continuó habiendo desafíos, tales comorestricciones presupuestarias, una inversión desigual entre regiones y una coordinación interinstitucional limitada", sostiene la ONU, que en varios momentos insta a más "coordinación institucional" para responder a las solicitudes de restitución de tierras, acelerar las inversiones en los territorios y llevar oportunidades a excombatientes.
El informe subrayó la urgencia de implementar garantías de seguridad no solo para quienes en el pasado fueron parte de las Farc, sino también de cara al período electoral de 2026. El secretario Guterres insistió en que la salvaguarda adecuada "es fundamental para la democracia colombiana", en particular para que se lleve a cabo un proceso tranquilo en zonas dominadas por el conflicto.
Jenca leerá el informe trimestral en el Consejo de Seguridad este 3 de octubre a las nueve de la mañana. Una delegación de Colombia suele estar en el Consejo para escuchar los reparos y eventualmente responderlos, y desde el año pasado también es relevante la presencia de un representante de la otra alta parte contratante del Acuerdo: los firmantes de paz.
Sin embargo, Comunes, el partido derivado de la desmovilización masiva de las Farc, denunció que la canciller Rosa Villavicencio no estará presente. Para Rodrigo Londoño, el último comandante de la extinta guerrilla y presidente de Comunes, se trata de una "clara demostración de lo poco que le importa al gobierno Petro el Acuerdo". "Paz no es solo discursos", expresó.
