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En ese momento más del 90% de los centros de reclusión carecía de atención por parte de profesionales de la salud.
Lo que la Defensoría del Pueblo constató es que después de dos meses, persisten más de 14 mil solicitudes de procedimientos a la espera de ser autorizados por el Fondo Nacional de atención en Salud.
De acuerdo con José Manuel Díaz, defensor Delegado para la política Criminal, si bien en algunos aspectos o en algunos temas de esta problemática se han advertido mejoras como lo es la contratación de la red hospitalaria externa o como lo es la recolección de los residuos hospitalarios en muchos aspectos, la problemática persiste incluso se ha agravado.
"Por ejemplo, al día 14 de julio aún 71 centros de reclusión de os 136 de orden nacional reportaban que no contaban con un suministro adecuado de medicamentos", dijo.
A la misma fecha, 91 centros de reclusión reportaban que no contaban con los insumos médicos, quirúrgicos, odontológicos, necesarios para garantizar la población privada de la libertad.
"Si uno revisa las cifras suministradas por el Inpec al mes de abril del año 2016, es decir, antes de la emergencia advertirá que se reportaban 166 médicos que prestaban su servicio al interior de los centros de reclusión, y si revisamos las cifras del Inpec al 11 de julio del presente año se advierten que solo existen 1.598 médicos que prestan sus servicios en las cárceles y penitenciarías", comentó.
Conforme a las cifras del Inpec, parece ser que se ha reducido el número de médicos que prestan su servicios, y esto va en contra de lo informado por el fondo que dice que ha aumentado el personal contratado.
