Defensoría del Pueblo alerta por más de 770 familias en riesgo por presencia de grupos armados ilegales
El defensor del pueblo, Carlos Negret, advirtió que 778 familias del puerto de Buenaventura, en el Valle del Cauca, están en riesgo por la presencia de grupos armados.
Según explicó la entidad en un comunicado, "en algunos de los delitos ocurridos presuntamente estarían involucradas estas estructuras como son las amenazas, los homicidios selectivos, el reclutamiento forzado y la utilización de niños, niñas y adolescentes, contra la integridad sexual, desplazamientos forzados individuales y masivos y las extorsiones".
Las familias que registran el mayor riesgo se encuentran en los consejos comunitarios de Juanchaco (500 familias), Ladrilleros (178 familias) y La Barra (110 familias), además según la Defensoría, también se aumentó el riesgo en las comunas 12, 4 y 3 de la cabecera municipal de Buenaventura.
Mientras tanto en el casco urbano de Buenaventura "hombres armados que se identifican como ‘la Gente del Orden’ también buscan jóvenes que hayan prestado servicio militar, para pagarles un millón de pesos por sus “servicios”. Un muchacho de la Comuna 12 declaró tuvo que huir con su familia al negarse a integrar este grupo armado ilegal", reitera la entidad.
En cuanto a las acciones del ELN, el 24 de agosto en la comuna 12 fue dejada una pañoleta roja y negra en la calle, causando intimidaciones de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia a varios pobladores; previamente, apareció una bandera en la zona turística de El Malecón y en el barrio Juan 23 de la Comuna Siete, declaró una familia amenazas si los jóvenes no se iban reclutados con ellos.
“De continuar la presión de los grupos armados ilegales que hacen presencia en los sectores rurales y urbanos de Buenaventura, la población civil está expuesta a violaciones masivas a los derechos humanos e infracciones al DIH”, se indica en el documento de la entidad.
Señala la Defensoría del Pueblo, que "el aumento de las extorsiones es preocupante en las comunas 3 y 4, en donde las AGC/ Urabeños les cobran a conductores de lanchas en las que se transporta carga y pasajeros entre Buenaventura y el Naya, Raposo, Micay, Mallorquín y Dagua, principalmente".
A las denuncias por presencia de grupos armados ilegales se suma otro factor de riesgo que "está relacionado con la violencia sexual. Se recibieron denuncias en las cuales sujetos buscan llevarse a la fuerza a jovencitas para sostener relaciones sexuales y por lo cual ha habido familias que debieron desplazarse".
La presencia de grupos al margen de la ley ha provocado también "el desplazamiento forzado de una familia en Ladrilleros, quienes señalaron que los ‘Gaitanistas’ amenazaron con reclutar a los menores de edad integrantes de la misma", puntualiza el documento de la Defensoría.