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La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Cristina Plazas, justificó la decisión del presidente Juan Manuel Santos de objetar la ley que beneficiaba a las madres comunitarias del país y advirtió que, si se sancionaba, quebraría a la entidad.
Para Plazas, la ley –que ordenaba que las madres comunitarias fueran contratadas directamente por el Estado y no por asociaciones, como ahora ocurre- obligaba al Bienestar Familiar a “crear 256 mil nuevos cargos en la planta del Instituto, lo que sería imposible".
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“Crearlos acabaría con el Instituto (…) quebraría al ICBF y por esta razón decimos que no. Además, que las madres desde el 2014 tienen garantizados sus recursos por medio de las asociaciones que ellas mismas han creado”, dijo Plazas.
Cristina Plazas y sus fuertes declaraciones en LA FM
El presidente Juan Manuel Santos objetó por inconstitucionalidad el proyecto de ley 127 de 2015, que buscaba que las madres comunitarias tuvieran contratos directos con el Estado a termino indefinido y garantizar los derechos a salud, pensión y riesgos profesionales.
Por su parte, la directora del ICBF sostuvo que esta objeción no va a afectar los actuales salarios de las 79 mil madres comunitarias del país.
