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La Corte Constitucional advirtió sobre un recrudecimiento a la violación de los derechos de la comunidad y los niños wayúu en La Guajira por la pandemia del coronavirus. La situación se desprende de la falta de agua potable, alimentación y salud en esa comunidad.
Las alertas de la Corte se dan a raíz de varias denuncias de la comunidad sobre el incumplimiento, por parte del Gobierno, a las ordenes emitidas en una sentencia del 2017 para mejorar la situación en la región y a un informe de Human Rights Watch (HRW) y el Centro de Salud Humanitaria Johns Hopkins titulado: 'Colombia: Niños indígenas en riesgo de desnutrición y muerte'.
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Ese informe, que está en manos de la Corte, alertó sobre el posible aumento de muertes de menores wayúu por desnutrición en los últimos cinco años.
“En 2019, la tasa oficial de muertes por desnutrición entre niños menores de 5 años fue casi seis veces la tasa nacional (…). Este alto número de muertes responde en gran parte a la inseguridad alimentaria e hídrica y los obstáculos para el acceso a la atención de la salud”, se indica en el informe.
Además, señala que “solo el 4% de los wayúu, que viven en zonas rurales de La Guajira, tienen acceso a agua limpia (…) La última encuesta gubernamental sobre nutrición, realizada en 2015, concluyó que el 77% de las familias indígenas de La Guajira están afectadas por la inseguridad alimentaria; es decir, que no cuentan con un acceso seguro y permanente a alimentos de calidad”.
La Corte además destacó que solo tres de los 16 hospitales que se ubican en la región, “ofrecen atención para casos complejos de desnutrición aguda”.
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A raíz de esas advertencias y de que existe un fallo de la propia Corte, emitido en el 2017 y que ordena implementar medidas para proteger a la comunidad y los niños wayúu, la Corte Constitucional ordenó al ICBF entregar las medidas que ha adoptado para atender a la niñez wayúu, expuesta a la inseguridad alimentaria, a la falta de agua potable y al Covid-19.
Esa orden se extiende a la Presidencia, al gabinete ministerial, a la Supersalud y a las autoridades regionales, para que en 15 días le informen a la Corte las medidas tomadas para atender la necesidad de agua potable, salud y alimentación de la comunidad wayúu en el marco de la pandemia por Covid-19.
