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Las pretensiones por dichas demandas ascienden a $5.383 billones, con corte al 31 de diciembre de 2016.
En el orden nacional, las pretensiones registradas llegaron a $5.340 billones, encabezadas por entidades del sector social (con $3.043.9 billones), seguido por el sector Defensa, Justicia y Seguridad (con $1.210.4 billones).
En el orden territorial, la mayor participación la registran los departamentos con $14.5 billones, comenzando con Antioquia ($6.4 billones), Sucre ($3 billones) y Córdoba ($0,75 billones), que suman el 70% del total de las entidades territoriales.
En segundo lugar territorial están los municipios con $9.8 billones, donde encabeza Medellín con $2.8 billones en pretensiones en contra y Cali con $1.1 billones, que representan el 40% del total de los municipios en solo dos ciudades.
En tercer lugar territorial, se encuentran las empresas de servicios públicos con $6 billones de pretensiones en contra, donde sobresale la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá con $4.5 billones, 75% de las pretensiones de las empresas del nivel descentralizado territorial.
De acuerdo con la información reportada por las entidades públicas a la Contaduría General de la Nación, a diciembre de 2016, las que registraron mayores pretensiones en millones de pesos, fueron, entre otras, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con $3.019.977.214; el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con $783.904.041; el Ministerio de Defensa Nacional, con $616.849.587, y la Policía Nacional, con $526.540.127.
"La demanda más representativa es la instaurada en contra del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y otras entidades por $3.018.3 billones, correspondiente a una acción de grupo por desplazamiento forzado en el municipio de Mapiripán (Meta), la cual está evaluada con riesgo bajo, de acuerdo con el concepto de la Oficina Jurídica de la Entidad", informó la Contraloría.
-Tribunales de Arbitramento-
Según la Contraloría, otro factor que impacta negativamente las finanzas públicas es el relacionado con los tribunales de arbitramento, los cuales, de acuerdo con información de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado con corte a 8 de junio de 2017, ascienden a 124 tribunales activos, de los cuales 94% registran pretensiones iniciales por $4.8 billones.
El 85% de los tribunales fueron iniciados en los últimos tres años; sin embargo, 41% del total pertenece a contratos que se suscribieron hace más de una década.
"Del total de los tribunales activos (124), 80% (99) se encuentran en 16 entidades, que a su vez concentran 88% del total de las pretensiones ($4,2 billones), entre las que se destacan la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- con 21 tribunales y la Autoridad Nacional de Televisión y Fiduprevisora con 1 tribunal cada uno", reveló el organismo.
En cuanto a entidades del sector Defensa, Justicia y Seguridad, se destaca la Unidad Nacional de Protección con 3 Tribunales de Arbitramiento, con $185.937 millones en pretensiones iniciales.
Dentro de la sectorización establecida por la Contraloría, en el orden nacional, se destaca el subsector de infraestructura (ANI, INVIAS) con $3.2 billones en pretensiones que representan 66% del total de la Justicia Arbitral.
"En cuanto a los Tribunales de Arbitramento que fueron finalizados con laudo arbitral durante la vigencia 2016, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado reporta un total de 109, de los cuales el 60% (65 casos) culminaron con decisión desfavorable o en contra de las entidades del orden nacional involucradas, con lo que se emitieron decisiones de pago por $2.4 billones, mientras el restante 40% (44 casos) finalizaron con decisión favorable que contenían pretensiones por $1,4 billones", apuntó el organismo.
