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La Contraloría General de la República concluyó que el cargo por confiabilidad operó de manera ineficaz y halló un presunto detrimento patrimonial de $53.700 millones.
Según el ente de control este valor equivale a los subsidios que concedió la Nación a los usuarios del servicio de energía eléctrica por asumir las pérdidas de los generadores térmicos a través de un aumento tarifario que, para la CGR, incumplió el régimen en esta materia.
Según el Contralor Edgardo Maya Villazón, algunas de las empresas no solo no le están dando al Cargo por Confiabilidad el uso indicado por el regulador, sino que pueden incurrir en riesgos de iliquidez para la época en que se hacen exigibles las Obligaciones de Energía en Firme (OEF); esto conlleva a un riesgo para el sistema eléctrico.
“Otra conclusión fundamental de esta Actuación de la Contraloría es que el Precio de Escasez, elemento fundamental del esquema del Cargo por Confiabilidad, sí requiere ajustes, y estos cambios, no pueden consistir simplemente en aumentarlo para adecuarlo a las necesidades de los agentes menos eficientes”, subrayó Maya Villazón.
Adicionalmente indicó que el Precio de Escasez puede estar generando incentivos a las hidroeléctricas para que disminuyan sus niveles de embalse para obtener mayores beneficios en tiempos de escasez, arriesgando la generación futura por mayores ingresos en el presente.
La Actuación de la Contraloría incluyó un análisis sobre la reciente crisis energética, según el cual el Ministerio de Minas y Energía fue ineficaz para afrontar la situación y faltó diligencia y coordinación entre las diferentes instituciones. Además, las medidas propuestas fueron tardías y la mayoría de ellas se plantearon en medio de la crisis.
Para el organismo de control, no es aceptable que se señalara al Fenómeno de El Niño como justificación de la crisis energética.
