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La Contraloría General de la República, anunció el archivo de los procesos que por posible responsabilidad fiscal que se adelantaba contra varias empresas y personas naturales, por indebida acumulación de baldíos, que el organismo había organizado en 10 grandes casos.
No obstante, el organismo de control anunció que dio traslado de estos procesos, a otros organismos como la Fiscalía, la Procuraduría, la Agencia Nacional de Tierras y las superintendencias de Sociedades y de Notariado y Registro, para que se adelanten las investigaciones del caso.
Según explicó la Contraloría, "después de un proceso minucioso de análisis de los expedientes y de determinar la no competencia en términos de responsabilidad fiscal, la Contraloría General de la República archivó 10 antecedentes que venía evaluando, sobre la presunta acumulación indebida de predios de origen baldío, por parte de particulares".
Señaló por tanto que "tal como ocurrió con las otras 33 investigaciones, sobre cuyo cierre se informó en el mes de mayo de 2017, la Contraloría General de la República, a través de la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, estableció que las actuaciones llevadas a cabo por los particulares relacionados en estos nuevos casos no se enmarcan dentro de la competencia constitucional y legal de este organismo de control".
Reafirmó que "se dispuso el traslado de dichas decisiones a la Agencia Nacional de Tierras, a la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía General de la Nación y en algunos casos a la Superintendencia de Sociedades y de Notariado y Registro".
Entre los implicados en esta investigación fiscal está Aceite Manuelita, cuyos predios están en el Meta.
También la Fiduciaria de Occidente, con predios en Vichada, y otras empresas como Agroforestal Las Brisas, El Paraíso, El Milagro y Tamanaco, con predios también en el departamento de Vichada.
Otras de las empresas como Bellavista, Agroforestal La Macarena, Riogrande y Lucerna, con predios también en Vichada.
Y la sociedad Agroindustrial El Guarrojo, con predios en El Guarrojo, con predios en el departamento del Meta.
Investigación
En marzo de 2017, el organismo de control comenzó un proceso para indagar la posible acumulación irregular de baldíos, y en aquella oportunidad se habló de predios como El Ubérrimo, de propiedad del senador y expresidente Álvaro Uribe.
Así como propiedades de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, denominadas como la Organización Pajonales.
Y tierras del exministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde, también en La Primavera y Puerto Carreño también en Vichada.
En aquel entonces, la Contraloría aclaró que "los resultados fueron trasladados a la Fiscalía y Procuraduría, para que determinen si existe responsabilidad penal o disciplinaria por parte de funcionarios y particulares según el caso, frente al deber institucional de evitar que predios particulares adjudicados originalmente como baldíos fueran vendidos y consolidados en unidades de UAF (Unidad Agrícola Familiar) superiores a las permitidas por la Ley".
Según la Contraloría, después de un proceso minucioso de análisis de los expedientes por parte de la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Delegada del Sector Agropecuario, se estableció que dado que las transacciones se derivaron de negocios entre particulares, "no es posible imputar a ninguno de estos daño fiscal tal como lo prohíbe expresamente la Ley 610 de 2000".
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