Concejales de Cartagena, ¿un cero a la izquierda para la ciudad?

Una funcionaria de la Administración Distrital habría cuestionado el papel de los cabildantes en la ciudad.
Archivo La FM
Crédito: La FM

Los concejales de Cartagena, encabezados por el cabildante César Pión, reprocharon que Juliana Acosta, una supuesta funcionaria adscrita a la Secretaria de Planeación de la ciudad a través de un convenio con Findeter, calificara a los integrantes de la Corporación Distrital como “un cero a la izquierda en la ciudad”, un comentario que tildaron de irrespetuoso.

El concejal Cesar Pión también cuestionó que la supuesta funcionaria, que destacó que es oriunda de Bogotá y contratada por Orden de Prestación de Servicios, fue enviada por la Secretaria de Planeación a Suiza en representación de Cartagena, “en vez de enviar un funcionario local y de planta que garantizara que los conocimientos adquiridos hicieran parte de la memoria institucional”.

Ante la polémica servida, la secretaria de Planeación, Luz Elena Paternita, aclaró que Juliana Acosta no es una funcionaria, sino la coordinadora del Plan 4C, un plan integral de cambio climático para la ciudad, y que su contratación la ejecutó la Alianza Clima y Desarrollo (o The Climate and Development Knowledge Network o CDKN), por lo que no habría persona más indicada que ella.

La jefe de la cartera de planeación distrital instó al concejal a que explicará en qué escenario se presentaron las supuestas declaraciones, que consideró “que no son términos propios de una persona educada con relación a la corporación tan honorable”, y sostuvo que lo confirmó luego de conversar con Juliana Acosta, quien insistió en decir que nunca manifestó las palabras por las cuales la acusan.

Por otra parte, tras el inconformismo de los cabildantes por la falta de avances en el Plan de Ordenamiento Territorial, los 19 concejales de Cartagena citaron a la Secretaria de Planeación a un debate de control político, la funcionaria deberá presentar respuesta a un cuestionario de 40 puntos, que contiene interrogantes principalmente sobre la actualización del POT, PEMP e “inquietudes de presuntos contratistas que estarían recibiendo excesivos salarios por sus servicios.”


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