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Lo del contralor ya está cocinado. Como habían anticipado los Secretos de D'Arcy Quinn: todo dependía de la decisión del Centro Democrático, y así fue:
Ayer el Centro Democrático decidió que su candidato es Jorge Laverde y apoyaron todos los partidos, además de las firmas de Simón Gaviria, quien ahora es el vocero del Partido Liberal, y Fuad Char y Enrique Vargas, como voceros de Cambio Radical. La elección estaría tan definida que hoy varios de los candidatos ni siquiera se aparecerán en el Congreso. No asistirán Ana Monsalvo ni Carlos Zuluaga y, seguramente, tampoco los demás candidatos, quienes ya tendrían claro que el elegido y próximo contralor es Laverde, por quien también votarían miembros del Pacto Histórico.
La elección del Contralor General de la República es uno de los procesos institucionales más relevantes en Colombia, porque esta figura encabeza el máximo órgano de control fiscal del país.
La importancia de la elección del contralor general
La Contraloría General vigila el manejo de los recursos públicos (presupuesto nacional, regalías, empresas del Estado y entidades que administran fondos públicos). Su labor incluye auditorías, investigaciones por responsabilidad fiscal y la protección del patrimonio público frente a irregularidades o corrupción.
El Contralor es elegido por el Congreso en pleno para un período de cuatro años (igual al del presidente), a partir de una lista de elegibles. Quien ocupe el cargo tendrá en sus manos la fiscalización de cientos de billones de pesos y el seguimiento a la gestión del gobierno de turno y de las administraciones anteriores. Por eso, su independencia, idoneidad técnica y autonomía son claves para la transparencia y el equilibrio de poderes.
En el contexto actual (agosto de 2026), la elección coincide con el inicio de un nuevo gobierno y adquiere aún más peso, pues el nuevo contralor supervisará el uso de los recursos públicos durante los próximos cuatro años.
Ñapa
El expresidente Petro pidió permiso para salir del país por un año. El exmandatario estaría planeando vivir en México.
Gustavo Petro, ya como expresidente (dejó el cargo el 7 de agosto de 2026), pidió al Senado autorización para salir de Colombia durante un año.
La razón es constitucional: el artículo 196 de la Constitución Política de Colombia establece que quien haya ocupado la Presidencia no puede abandonar el territorio nacional dentro del año siguiente a la terminación de sus funciones sin permiso previo del Senado. Esta norma (conocida como “arraigo constitucional”) aplica a todos los expresidentes y busca evitar que salgan del país de forma inmediata después de dejar el poder.
En una carta del 10 de agosto de 2026 dirigida a la Mesa Directiva del Senado, Petro solicitó esa autorización “para atender compromisos fuera del país de carácter personal, social, político y académico” durante todo ese año. El Senado debe debatir y votar la petición.
En resumen: no es un permiso especial por un viaje concreto, sino el trámite obligatorio que exige la Constitución a todo expresidente en su primer año fuera del cargo.
