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En medio de la creciente preocupación por la economía de la región minera del Cesar y La Guajira, este 19 de septiembre se llevará a cabo una marcha en el municipio de La Jagua de Ibirico.
La movilización busca rechazar el Decreto 0949 de 2025, expedido el pasado 28 de agosto, que prohíbe la exportación de carbón colombiano a Israel, decisión que, según líderes gremiales y empresarios, ha generado un impacto negativo en las empresas, trabajadores y comunidades que dependen de esta actividad.
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Luis Alberto Piñérez, representante legal de la empresa Aseres y miembro de Voces del Carbón, explicó que esta medida ha provocado la cancelación de contratos, la disminución de inversiones y el despido de personal.
“Estamos levantando la voz porque este decreto afecta directamente la economía local. Solo en Aseres hemos tenido que suspender 30 empleos directos en el área ambiental por el cierre de actividades. No estamos defendiendo a una empresa, estamos defendiendo a miles de familias que dependen del carbón”, afirmó Piñérez.
El líder gremial advirtió que la afectación ya alcanza el 30% en empleos directos e indirectos, mientras que municipios como La Jagua de Ibirico y La Loma han visto una disminución en sus ingresos fiscales y privados, afectando sectores como educación, salud e infraestructura.
“El carbón es una fuente legal de desarrollo y no hay una alternativa económica real que reemplace los más de 125.000 empleos que dependen de esta industria en Cesar, La Guajira y Magdalena”, señaló.
Piñérez también cuestionó la postura de algunos sindicatos que aseguran que no existe una “masacre laboral”. “La realidad es evidente: empresas cerrando, contratos cancelados y comunidades sin otra actividad económica. Es contradictorio negar la crisis que vivimos”, sostuvo.
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La marcha partirá a las 10:00 a.m. desde el colegio José Guillermo Castro y recorrerá las principales calles de La Jagua de Ibirico. Voces del Carbón hizo un llamado a los empresarios, trabajadores y comunidades a unirse a esta manifestación pacífica para exigir al Gobierno Nacional la derogación del decreto y la implementación de una transición energética con visión fiscal y social que proteja la economía regional.
