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Este viernes 31 de enero, a las 11:59 p. m., Uber termina su operación en Colombia para servicios de transporte. El anuncio que realizó la compañía por medio de su cuenta de Twitter marcó el fin de esta en el país, pero avivó más la polémica en torno a la regulación de este tipo de transporte.
A partir del 1 de febrero la aplicación será apagada en el territorio nacional, una decisión que se dio a conocer semanas después de la orden dada por la Superintendencia de Industria y Comercio de suspender el funcionamiento de la empresa al considerarlo un transporte ilegal.
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"Consideramos esta decisión arbitraria. Por eso hemos utilizado todos los recursos legales y lo seguiremos haciendo, para defender el derecho de 2 millones de usuarios de elegir cómo se mueven por las ciudades y la oportunidad de 88 mil socios conductores de generar ganancias adicionales para el sustento de sus familias", aseguró en su momento la plataforma por medio de un comunicado.
Los motivos de esa orden se deben a que las autoridades concluyeron que Uber incurrió en competencia desleal en la prestación del servicio de transporte público individual de pasajeros. Es decir, no cumplió con las normas establecidas para la prestación de dicho servicio.
El argumento principal fue que este tipo de transporte, según la legislación colombiana, no puede prestarse por medio de vehículos particulares. La competencia desleal estaría presentada en que los taxistas, en cambio, deben someterse a una serie de normas, como el famoso (o infame) cupo de rodamiento, una categoría diferente del SOAT, así como el pago obligatorio de seguridad social (salud y pensión).
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Uber, Beat, Picap y otras plataformas no están sujetas a estas medidas, lo que las pone en estatus de 'ilegales'.
Este panorama encendió el debate de las plataformas digitales de transporte, dado que algunos sectores considerar que la suspensión se dio tras seis años de operación de la compañía, tiempo que habría sido suficiente para crear la regulación necesaria.
De igual manera, los defensores de Uber consideran que la solución no es la prohibición sino la regulación, así como reducir las cargas de los taxistas para garantizar la igualdad de condiciones.
Actualmente en Cámara de Representantes se tramita un proyecto para las aplicaciones, y frente a los taxis, el Ministerio de Transporte trabaja en otro proyecto para mejorar sus condiciones. De igual manera se adelantan mesas de concertación con todas las partes para logar la regulación.
