Centro Democrático denuncia y rechaza posibles interceptaciones al celular del gobernador de Antioquia

Como una grave persecución judicial calificó el partido Centro Democrático las presuntas interceptaciones que estaría siendo víctima el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. 

Las reacciones del partido se dan luego de que se conociera la denuncia de una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien reveló que el celular del gobernador estaría siendo interceptado. 

Según la denuncia, el seguimiento a los mensajes y llamadas del mandatario regional se estarían dando desde el pasado 27 de mayo. 

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Sobre la denuncia, se pudo conocer que la Fiscalía habría solicitado ante un juez la autorización para interceptar las líneas telefónicas bajo el argumento de que es un proceso necesario en la investigación por el caso de presuntas irregularidades en la construcción de 2 CAI en Rionegro durante su periodo como alcalde de Rionegro. 

Esta situación, no solo tiene bajo seguimiento al gobernador de Antioquia, sino a otros nueve funcionarios que, en la actualidad también hacen parte de la Gobernación, pero que en su momento lo acompañaron en la administración de Rionegro. 

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El Centro Democrático rechaza con firmeza la persecución emprendida por el Estado contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y contra congresistas de nuestra colectividad.

"La denuncia revelada por El Colombiano sobre la interceptación ilegal de la Fiscalía al gobernador  Rendón reviste una gravedad extrema: demuestra que las instituciones están siendo utilizadas como herramientas de intimidación contra la oposición. Resulta arbitrario que se ordenara interceptarlo durante 71 días, desde el 14 de mayo, y que incluso en documentos judiciales se le señale como “imputado” y hasta “condenado”, sin serlo", dice el comunicado del Centro Democrático. 

"El Centro Democrático expresa su respaldo absoluto al gobernador Andrés Julián Rendón, hombre íntegro, trabajador y comprometido con Antioquia, y denuncia ante el país que este es un nuevo intento por amordazar jurídicamente a la oposición y a quienes ejercen control político en defensa de la democracia", agregó el partido.