Caso Vitalogic: seis condenados por corrupción en contrato de basuras de Bucaramanga

El Juez profirió sentencia condenatoria contra cinco exfuncionarios de la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga (EMAB) y un contratista, por su participación en actos de corrupción relacionados con el contrato de consultoría No. 096 de 2016, conocido como el caso Vitalogic.

Según la Fiscalía, los procesados participaron en la planeación y adjudicación irregular de un contrato para implementar nuevas tecnologías en el manejo de basuras en el relleno sanitario de El Carrasco, por un valor de 336 millones de pesos. La investigación demostró que se falsificaron documentos públicos y privados, y se modificaron requisitos para favorecer a una firma específica.

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El exgerente de la EMAB, José Manuel Barrera Arias, fue condenado a 11 años y 10 meses de prisión; el exjefe de Disposición Final, Rubén Enrique Amaya Vanegas, a 13 años y un mes; el exjefe de la Sección Jurídica, César Augusto Fontecha Rincón, a 12 años y 7 meses; mientras que el exsubgerente Técnico Operativo, Abelardo Durán Leyva, y la exsubgerente Administrativo y Financiero, Abigail León Nieves, recibieron penas de 12 años y 2 meses cada uno.

Por su parte, el contratista Jorge Hernán Alarcón Ayala fue sentenciado a 9 años y 10 meses de prisión, que cumplirá en detención domiciliaria debido a una grave enfermedad. A excepción de este último, el juez negó beneficios como la suspensión condicional de la pena o la prisión domiciliaria.

Los condenados fueron hallados responsables de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.

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Por este mismo caso, el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández (q.e.p.d.), fue condenado en 2024 a cinco años de prisión y a pagar una multa de 80 millones de pesos por celebración indebida de contratos. En su momento, no se ordenó su captura inmediata debido a la situación médica del ex candidato a la presidencia.

La sentencia contras las seis personas es de primera instancia y puede ser apelada.