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Anulan procedimiento de desalojo en zona norte de Cartagena

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, a través de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, falló una tutela a favor de los habitantes de la calle 21 sector Cielo Mar, en el corregimiento de La Boquilla.

Actualizado:
Martes, Mayo 30, 2017 - 15:26
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La decisión, resultado de un recurso presentado por el abogado Wilmar Herrera, amparó los derechos al debido proceso administrativo, derechos de los niños y vivienda digna, de los residentes de este sector ubicado en la zona norte de Cartagena.

El fallo anula el procedimiento policivo que adelantó el pasado 26 de abril, la Alcaldía de la Localidad Dos, de la Virgen y Turística, al tiempo que ordena a la Capitanía de Puertos de Cartagena y a la Dirección Marítima (Dimar), “realizar los trámites correspondientes para identificar cuanto antes esos terrenos y determinar si se encuentran en zona de baja mar y si están en condición de bienes de uso público”.

Así mismo, solicita a la Agencia Nacional de Tierras culminar el proceso de deslinde y clasificación de la propiedad que se adelanta en la Ciénaga de la Virgen y Hacienda Crespo, ubicada en el corregimiento de La Boquilla, y precisar si tal procedimiento compromete a los habitantes de la calle 21 del sector Cielo Mar en La Boquilla.

En cuanto a la Alcaldía Mayor de Cartagena, el Tribunal ordena brindar toda la información necesaria a los habitantes cobijados en la tutela, sobre los requisitos que deben cumplir para ser incluidos en programas de viviendas, como también estas personas tenga asistencia jurídica y acompañamiento para que sean incluidos en los programas de subsidios de viviendas, a fin de otorgarle una medida de reubicación definitiva.

Por último, el fallo pide a la Policía Nacional, Subestación de La Boquilla y Escuadrón Antidisturbios -ESMAD, “abstenerse de llevar a cargo procedimientos que impliquen desalojo, sin verificar el cumplimiento de las garantías y medidas de prohibición de desalojo forzado”.

Mientras que a la Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación, se conmina para que hagan acompañamiento a las familias desalojadas, con el fin de brindar asesoría encaminada a la protección de los derechos fundamentales.