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En una carta enviada al presidente Iván Duque, la multinacional Gran Colombia Gold solicitó un despliegue militar y policial en las minas ilegales que operan en Segovia y Remedios, en el nordeste antioqueño, y en Marmato (Caldas).
Este pedido ha creado tensión en esos territorios, pues había un acuerdo de suspender los cierres de minas y del uso de la Fuerza Pública en los socavones ancestrales, como se pactó para levantar el último paro minero en la zona.
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Según la multinacional canadiense, ha sufrido la desprotección del Gobierno nacional para remover a los mineros ilegales, por lo que pide “el despliegue militar, policial y así como de cualquier otra fuerza” para combatir este flagelo.
El presidente de la Confederación Nacional de Pequeños Mineros (Conalminercol), Rubén Darío Gómez, calificó como un llamado a la violencia y y una extorsión al Gobierno nacional esa solicitud de la Gran Colombia Gold.
“Para nosotros es una extorsión al Gobierno Nacional, es un chantaje a las instituciones. Hace parte de una injerencia en la política nacional toda vez que se clama por una acción que no es una solicitud prácticamente, sino una exigencia de que se dé un fenómeno de tierra arrasada, y si es necesario, que esta sea a sangre y fuego”, agregó.
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El gremio de los pequeños mineros recordó que hay dos decisiones del Tribunal Administrativo de Antioquia y la Corte Constitucional que impiden que se hagan cierres a la fuerza en los socavones informales.
Ante el riesgo de que se reanuden estas intervenciones, los mineros en Segovia y Remedios ya planean posibles movilizaciones de protesta, que podrían desencadenar en un nuevo paro.
