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La oficina regional para las Américas de Amnistía Internacional, le envió una carta al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en la que manifiesta su preocupación por las consecuencias que podría traer para los movimientos sociales, que sean catalogados como “atacantes” en el informe de monitoreo de medios que contrató la administración local con la empresa Selecta Consulting Group.
El texto hace referencia al caso específico del movimiento Ríos Vivos,que ha denunciado las afectaciones ambientales y sociales del proyecto Hidroituango, responsabilidad de EPM.
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Para Amnistía Internacional, “todo esto, en el contexto colombiano es muy grave, donde los homicidios de activistas y personas defensoras de los derechos humanos alcanzaron récords históricos”.
El organismo de defensa de derechos humanos alertó que el señalamiento como 'atacantes' a las iniciativas de veeduría y denuncia, pone en riesgo la seguridad de quienes los integran.
“Nos preocupa el seguimiento a nuestras redes sociales, queremos decirle al alcalde que no es necesario gastar millones de pesos para conocer nuestras denuncias”, indicó Isabel Cristina Zuleta, directora de Ríos Vivos.
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Aunque la administración local no ha respondido públicamente a la carta que firma la directora adjunta de Investigación para las Américas, Fernanda Doz Costa, una vez se conoció el contrato de 139 millones de pesos, la alcaldía de Medellín aseguró que se trata de un monitoreo de medios con el que se busca identificar el comportamiento de los ciudadanos y entidades en redes sociales, para mejorar la interacción con ellos.
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Finalmente, el texto señala que "hacemos un llamado a su gestión que tome las medidas necesarias para crear un espacio seguro para que el Movimiento Ríos Vivos pueda continuar su labor de proteger los derechos humanos, y se abstenga de tomar acciones que puedan contribuir para la estigmatización e incremento del riesgo del Movimiento".
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