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En lo que va de 2018 se han registrado 89 amenazas de muerte a periodistas en Colombia, dice la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
La situación es preocupante porque entre enero y julio de 2017 fueron reportadas 65 amenazas, según la FLIP. En ese sentido, los casos han aumentado durante este año.
Además, estas cifras evidencian la tendencia creciente de las amenazas de muerte a periodistas durante los últimos tres años.
En 2015, por ejemplo, se registraron 59 casos, de acuerdo con la FLIP. En 2016 aumentaron a 90 y en todo 2017 llegaron a 129. Ahora el temor es que 2018 cierre con una cifra superior a la del año anterior.
"Esto sucede en paralelo al aumento en el número de asesinatos a líderes sociales en el país. En lo corrido del año han sido asesinados más de 100 personas en sus territorios. Varios de esos homicidios han sido crímenes contra la libertad de expresión", alerta la Fundación para la Libertad de Prensa.
La FLIP asegura que la Unidad Nacional de Protección (UNP) "no ha sido lo suficientemente diligente para atender el riesgo" de los periodistas, pese a que las amenazas han sido reportadas a la entidad.
Además, afirma la fundación, la UNP ha desmontado esquemas de seguridad y los trámites de protección no se están resolviendo según el "nivel de urgencia de la situación".
De otro lado, la FLIP menciona los casos de cuatro periodistas para los que pide "protección urgente".
El primero es Ricardo Ruidíaz, que ha sido amenazado 10 veces al parecer por informar sobre los asesinatos de líderes sociales en el Magdalena Medio. Según la FLIP, pese a esta situación, la UNP le disminuyó el esquema de protección.
Está también el caso de Catalina Vásquez, que trabaja en la comuna 13 de Medellín. Fuentes cercanas a ella, dice la FLIP, han sido asesinadas.
La fundación dice que el cinco de julio pidió protección para ella, pero la UNP "no ha atendido al llamado de urgencia".
De otro lado, está la periodista Jhanuaria Gómez, que hace investigaciones sobre minería y "pedagogía con las comunidades sobre las consecuencias que tiene para el ambiente", explica la FLIP. Por amenazas, Gómez tuvo que irse de Segovia (Antioquia) y "su situación de vulnerabilidad es alta".
Por último, está Laura Montoya, amenazada el pasado 6 de julio después de manifestarse en Mocoa (Putumayo) contra la muerte de líderes sociales.
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