¿Alcaldía de Medellín pagó seguimientos a ciudadanos y periodistas en redes sociales?

Explicó el coordinador del Observatorio que, a través de un derecho de petición, solicitó dichos documentos a la Alcaldía de Medellín, mismos donde se hicieron los hallazgos. Así mismo, dijo que aún quedan algunos pendientes, donde no solo se estudian las cuentas en Twitter, sino en otras redes sociales.

"Un seguimiento en redes sociales por 24 horas al día, los siete días de la semana, a líderes sociales, políticos y periodistas en la ciudad, pero con unos comentarios en pie de foto con cada uno de ellos, dentro de esos comentarios: cibermilitantes, red de contradictores, a cualquier persona que diga algo contrario, lo catalogan como ataque a la Alcaldía".

Señaló que les llamó mucho la atención que "no solamente es un tema con respecto a la alcaldía, sino que hay observaciones de como contrarrestarlo".

Debate en redes sociales 

En redes sociales, el debate y la polémica se mantienen activos, pues ciudadanos de a pie, periodistas y hasta defensores de derechos humanos, son calificados por la Administración Municipal como “cibermilitantes”. 

Entre los señalados está el Proceso Social de Garantías. Su vocero Isaac Buitrago, calificó como “estigmatización y persecución el pensamiento crítico en la ciudad", pues el alcalde Daniel Quintero está demostrando “ser autoritario”, ya que no “soporta los pensamientos contrarios a su pensamiento político”.

"Se trata de una estigmatización y persecución al pensamiento crítico. Daniel Quintero está demostrando ser autoritario, pues el seguimiento a su gestión pública le molesta y así lo demuestra. En Medellín no triunfó la esperanza, lo hizo un modelo de control que no acepta la oposición política".  

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Los documentos revelados por el Observatorio de Control a la Gestión Pública dejan en evidencia que es un contrato que se suscribió desde abril de 2020 por 59 millones 500 mil pesos hasta el 30 de junio. Ese contrato se volvió a suscribir desde el 10 de julio de este año, pero esta vez por 79 millones 333 mil de pesos con fecha de terminación hasta el 30 de septiembre de 2020.

Entre tanto, para Weimar Marín, lo más delicado de esos documentos es la manera en la que en esos informes se menciona a las personas que identifican como críticos de la administración de Daniel Quintero.

Finalmente, cuestionó que es un contrato que se hace con recursos públicos, los cuales deberían invertirse en otras necesidades mucho más urgentes.