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Autoridades continúan con la búsqueda de la otrora líder política y excongresista Aida Merlano, quién se dio a la fuga el pasado martes en la capital del país cuando se encontraba en una cita médica odontológica.
Analístas políticos y líderes de opinión en el departamento del atlántico respondieron la pregunta, ¿Quienes o que grupos políticos se benefician con el escape de Merlano, quien testigo clave en el proceso?
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Los hechos por los que Merlano fue condenada a 15 años de cárcel se registraron el 11 de marzo de 2018 en el comando político de la ex congresista, al finalizar las elecciones legislativas.
Ese día, la Policía Metropolitana de Barranquilla y agentes del CTI de la Fiscalía llegaron a realizar unos allanamientos: encontrando 261 millones de pesos en efectivo, armas de fuego y certificados electorales de votantes.
Tras la denominada ‘Operación Casa Blanca’, se pudo determinar la responsabilidad de la entonces candidata al Senado Aida Merlano (ya era representante a la Cámara). Pero este entramado político puso en el 'ojo del huracán' a sus aliados políticos representados por el grupo Gerleín y el Grupo Char.
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En su momento, el fiscal de conocimiento citó a interrogatorio al empresario Mauricio Gerlein Echeverría, por un presunto financiamiento que habría violado los parámetros fijados por la ley. Hoy en día se encuentra en libertad condicional y vinculado a la investigación.
De igual manera, el 7 de noviembre de 2018 el fiscal de conocimiento que investiga el denominado caso de la ‘Casa Blanca’ compulsó copias ante la Corte Suprema de Justicia, para que determine si existe mérito para investigar a 17 personas entre ellas al senador Arturo Char Chaljub, por su presunta participación en la financiación de actividades que atentan contra la participación democrática.
La editora de la SillaCaribe, Laura Ardila, manifestó en diálogo con La FM que "Aída Merlano es la creación de dos de los clanes políticos más poderosos que ha tenido el Caribe: los Char y los Gerlein".
Señaló que "su captura y posterior sentencia inédita han generado una sensación de riesgo en varios políticos tradicionales que, para las elecciones regionales de este octubre, están pensando dos veces antes de salir a comprar votos".
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De igual forma, el analista político y catedrático de la Universidad del Norte, Luis Trejos, manifestó que "el efecto práctico de estos hechos, la Fiscalía y la Corte Suprema pierden una prueba muy potente para investigar el entramado ligado a la compra de votos".
"Afectaría a varios políticos que han sido investigados entre ellos Lilibeth Llinás, Margarita Balen, Juan Carlos Támara, Aissar Castro Reyes, Aissar Castro Bravo, Jorge Rangel Bello y Vicente Támara Chacón, entre otros, principalmente de los partidos Cambio Radical y el Partido Conservador", agregó.
Ante estas acusaciones de la Fiscalía, los siete políticos implicados -entre ellos diputados y concejales- han negado su participación en el hecho y no aceptaron cargos por la adición de los delitos de corrupción al sufragante, en concurso sucesivo y homogéneo y concierto para delinquir. Hoy día siguen el libertad condicional y vinculados a las investigación del caso.
La Corporación Excelencia en la Justicia emitió en las últimas horas una comunicación en la solicita a las autoridades judiciales iniciar los trámites para solicitar la circular roja de Interpol con el fin de dar búsqueda y captura a nivel internacional de la condenada.
