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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió un estudio para una acción popular contra la Presidencia de la República por no garantizar mecanismos adecuados para intervenir los recientes incendios forestales.
El caso inició cuando Luis Carlos Rúa Sánchez y María Camila Jiménez Jiménez, actuando en nombre propio, interpusieron una demanda en ejercicio del Medio de Control de Protección de los Derechos e Intereses Colectivos, en contra de la Presidencia, los ministerios de Hacienda, Igualdad y Equidad y Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Los demandantes aseguran que el Gobierno Nacional vulneró los derechos colectivos a la moralidad administrativa, a un ambiente sano, a la defensa de los bienes públicos porque no garantizó ni dispuso los mecanismos para atender los incendios que se vienen presentando en el país durante los últimos días.
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Mediante esta acción popular se pretende la protección de bosques y páramos del país que se están consumiendo por incendios forestales, que constituye un hecho notorio en materia probatoria y que implica un riesgo ambiental inminente.
Teniendo esta respuesta del Tribunal, las entidades demandadas tienen un plazo de 10 días para contestar la demanda, aun más cuando se conoció que el Gobierno Petro redujo en un 25% el presupuesto de los bomberos y más del 50% de los departamentos de Colombia no cuentan con un cuerpo oficial.
Según el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres a corte del 27 de enero hay 17 incendios activos en Colombia con afectaciones en los departamentos de Cundinamarca, Huila, Boyacá, Magdalena, Norte de Santander, Bogotá y en el Valle del Cauca.
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Además, hay 230 municipios del territorio nacional que presentan afectaciones por las conflagraciones que se dan en el marco del fenómeno El Niño.
