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La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifiestan su preocupación por la situación de vulneración a los derechos humanos que está sufriendo la población en el Departamento del Chocó desde marzo de 2015 y que ha ocasionado más de seis mil víctimas de desplazamiento forzado y el confinamiento o restricción de movilidad de más de siete mil personas, conforme a cifras proporcionadas por instituciones del Estado.
Las emergencias y riesgos de desplazamiento y confinamiento se han presentado en los tres ríos tutelares del Chocó, a saber: Baudó (comunidades del Alto, Medio y Bajo Baudó), Atrato (Bajo y Medio Atrato) y San Juan (Litoral de San Juan), como consecuencia de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales y otras acciones armadas en el marco del conflicto armado interno.
De acuerdo con los organismos humanitarios, con el fin de prevenir estas afectaciones de la población civil es esencial que las partes del conflicto cumplan con todas sus obligaciones bajo el Derecho Internacional Humanitario y en particular aquellas de no establecer bases cerca de asentamientos de población civil y de no realizar bombardeos que pongan en riesgo a esta población.
ACNUR y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos hacen un llamado a adoptar con urgencia todas las medidas necesarias para garantizar la protección y seguridad de la población civil que habita zonas, como las del departamento del Chocó, afectadas por presencia de grupos armados ilegales y donde se desarrollan acciones armadas en el marco del conflicto armado interno que vive el país. El Derecho Internacional Humanitario es imperativo en el sentido de garantizar la protección de la población civil en medio de un conflicto armado.
El comunicado señala que “es prioritario además brindar la debida asistencia humanitaria a la población afectada y para ello es vital reforzar la capacidad de las autoridades locales en esta tarea. Finalmente recomendamos mantener un diálogo entre las poblaciones afectadas y las instituciones de todos los órdenes territoriales para asegurar que la atención que reciban corresponda a sus necesidades y se aplique el debido enfoque diferencial”.
