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Sayari es una mujer indígena de la comunidad Yanakuna en el departamento del Huila. Desde muy pronto se sintió atraída por el oficio de las lenguas y descubrió un talento para traducir y aprender otros idiomas diferentes al suyo originario del cabildo de San Agustín.
Con ese talento, Sayari logró representar a su comunidad para un proyecto de colaboración linguística, aprendizaje de saberes y trueque entre el Ministerio de Ambiente y el Consejo Regional Indígena del Huila, que le requería viajar con un grupo de varios miembros de su cabildo y otros indígenas del país a la ciudad de Neiva, capital del departamento.
El viaje ocurrió durante la tercera semana de septiembre de 2021. Sayari y sus compañeros se alojaron en el hotel Tayrona de Neiva. Sobre las 10 de la noche del 25 de ese mes luego de un día de intercambio cultural, Alberto Cerón Urbano, con quien trabajó durante tres años en el Consejo Regional, los invitó a todos a cenar y tomarse una cerveza en un lugar cercano al hotel y la Gobernación del Huila.
Sayari relata en sus denuncias ante la Fiscalía y ante el cabildo que se tomó dos cervezas, decidió levantarse al baño del lugar un momento y cuando regresó continuó bebiendo lo que le quedaba de uno de los licores. Luego perdió el conocimiento y recuerda difícilmente los hechos posteriores hasta que se despertó sobre la cama de una habitación semi desnuda y con Alberto Cerón encima de su cuerpo tocándola sin consentimiento.
La mujer, entrevistada por La FM, asegura que recuerda no tener fuerzas para moverse ni para defenderse pero que le insistió a Cerón que le permitiera irse. Eso no ocurrió.
“Llegamos los cuatro al hotel Tayrona, la recepcionista manifestó que yo me encontraba mareada y en muy mal estado. Lo que recuerdo es que vi al señor Alberto Cerón en la habitación y no me dejaba salir. Yo me sentía incapaz de gritar. También estaba llorando, le manifesté que me dejara salir pero él no lo hacía y me estaba tocando el cuerpo. Me tenía abrazada y no me permitía realizar algún movimiento que me permitiera defenderme”, dice Sayari con la voz alejada por la angustia que le recuerda lo que pasó esa noche.
Los hechos narrados detalladamente en los documentos de las denuncia agregan que Sayari se despertó encontrándose sola, con dolor de cabeza, y, cuando pudo abrir sus ojos en un estado de debilidad y casi somnolencia, se dio cuenta que estaba desnuda.
A la puerta del hotel le tocó uno de los otros compañeros de viaje con los que realizaron el trabajo. Le decía que ya iban a salir de regreso a San Agustín; el carro estaba esperando. Sayari se vistió como pudo, bajó a la puerta del hotel y Alberto Cerón la estaba esperando en el vehículo que él conducía para llevar al grupo de vuelta.
La mujer asistió a un hospital por los síntomas que tenía sin recordar bien lo que había pasado y, tras doce horas de espera, el dictamen fue contundente. Sayari fue abusada sexualmente en estado de indefensión e inconsciencia la noche anterior.
“Me di cuenta que él no se estaba quedando en el hotel donde yo me estaba hospedando, no tenía porque estar dentro de mi habitación en ese momento y cuando me levanté tenía signos de abuso”, continúa.
Luego de entender lo que le había pasado, Sayari presentó una denuncia formal ante las autoridades del cabildo indígena Yanakuna del resguardo de San Agustín el 07 de octubre siguiente explicando paso a paso la noche del 25 de septiembre.
Hizo lo mismo con una denuncia ante la justicia ordinaria el cuatro de octubre. Sin mucho que revisar por la contundencia del dictamen, la justicia indígena del cabildo evaluó rápidamente el caso, lo apropió y falló. La condena contra Alberto Cerón Urbano llegó el 8 de diciembre, aunque se trata de un delito fuera de territorio indígena.
“Se estipula juete, en total serán cuatro juetazos. Estos deben ser dados por tres mayoras y un mayor”, dice la sentencia.
Luego establece la pena de Alberto Cerón en 14 años, pero solo dos años y ocho meses de ellos serán tras las rejas en un centro carcelario del Inpec. Se suman cinco años y seis meses de trabajo comunitario, y seis años de castigo para ejercer cargos públicos indígenas para totalizar la sentencia.
“Durante el tiempo del correctivo, el comunero Alberto Cerón deberá estar bajo el amparo de la familia”, agrega el fallo.
Para el penalista Alberto Bernate, consultado por La FM, este caso es una clara desviación del espíritu de la jurisdicción indígena. “La jurisdicción indígena es un valor constitucional. Sin embargo, el fuero requiere el elemento personal, esto es que solo aplica respecto a integrantes del grupo indígena frente a hechos cometidos al interior del territorio y frente a afrontas para los valores propios de esa comunidad. No aplica cuando se trasgreden o se vulneran los valores de todos los colombianos. En el caso de esta agresión sexual no debió ser conocida por la jurisdicción indígena”, dijo el abogado.
Sayari termina pidiendo un castigo más ejemplar y dice estar decepcionada. “Dos años y medio por fuera de la comunidad no son suficientes. La reacción de las autoridades fue de sorpresa porque hubo una defensa del agresor. Es una persona que ha estado en varios escenarios políticos y es reconocido como un supuesto líder. Eso me marcó porque no pensé que la comunidad estuviera a favor del agresor”.
La joven agrega que la razón de su denuncia es que otras mujeres tengan la misma valentía para hacerlo y que se puedan evitar futuras agresiones sexuales.
“Muchas mujeres están siendo invisibilizadas en el territorio en silencio. Considero que esto no afecta solamente la integridad de una persona, sino de toda una comunidad. Es muy triste que las autoridades indígenas no hagan un ejercicio de reflexión y lleguen a un verdadero ejercicio de justicia. A la justicia ordinaria le hago el llamado a que se pueda coordinar con la justicia indígena. Las mujeres no debemos quedarnos calladas, hay que denunciar. Esto no merece seguirse silenciando por el hecho de que una persona tenga un papel de poder”, puntualiza.
Un antecedente
El 26 de julio de 2018 otra mujer ya había denunciado a Cerón ante María Beatriz Vivas Yacuechime, vicepresidenta del Consejo Regional Indígena del Huila. En una carta de tres páginas, la asesora del Crihu le explicó a la líder del cabildo que llevaba meses soportando actos de acoso sexual de parte del hombre que para entonces representaba legalmente al Consejo Regional. “El sujeto se acercaba a mi oficina en la ciudad de Neiva cuando me encontraba sola y me intimidaba con un lenguaje irrespetuoso y sugestivo”, dice la carta.
A pesar de que el hombre abusó sexualmente a una mujer indígena fuera de su territorio y acosó a otra previamente, la jurisdicción indígena del Huila solo le impuso dos años y 8 meses de prisión.
