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Vehículos inmovilizados al mejor postor
La Fiscalía advirtió que 23 de la capturas se relacionan con 300 denuncias por hechos ocurridos desde el año 2008 contra integrantes de una organización criminal dedicada a comercializar vehículos que habían sido inmovilizados y puestos a disposición de diferentes juzgados civiles.
De acuerdo con la investigación, los vehículos vendidos de manera ilegal se encontraban embargados en parqueaderos autorizados por la Dirección Ejecutiva del Consejo Seccional de la Judicatura, en diferentes sectores de Bogotá, los cuales eran retirados sin que mediara decisión alguna y así poder cederlos a terceros no autorizados o enajenarlos.
En el desarrollo de esta actividad delincuencial, participaban entre otros los dueños de los parqueaderos y agentes de la Policía Nacional que al parecer alteraban la base de datos SIOPER (Sistema de Información Operativo) o inmovilizaban los vehículos de manera irregular.
Reparto judicial amañado
La Fiscalía también capturó a otras diez personas por la supuesta adjudicación y aprovechamiento irregular de terrenos en Yumbo, Valle, en un engranaje de corrupción de actuaciones judiciales ocurridas en 2007 que superarían los 40 mil millones de pesos.
Entre los capturados hay una juez civil del circuito de Cali, un abogado y varios particulares. Al parecer, el reparto estaba manipulado de modo que los abogados sabían de antemano a qué juez correspondería el proceso que radicaba.
Corrupción en Buenaventura y Huila
La Fiscalía formuló cargos contra nueve personas señaladas de supuestas irregularidades en los procesos de contratación y manejo de los dineros del Establecimiento Público Ambiental (EPA) de Buenaventura, en 2016 en contratos por más de 10 mil millones de pesos.
De otra parte, las autoridades capturaron a ocho personas, entre ellas, cuatro exfuncionarios de la administración del exalcade de Neiva, Héctor Aníbal Ramírez, por incurrir presuntamente en actos de corrupción durante la contratación del Eje Lúdico (parque infantil y ciclovía), de esa ciudad, cuya defraudación se estima en más de 800 millones de pesos.
