Samuel Moreno y el cara a cara ante su exsecretario de Gobierno por el 'carrusel'

Según la Fiscalía, el único que conocía de las irregularidades era Moreno Rojas.
SAMUEL MORENO EN AUDIENCIA
El exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas enfrenta dos procesos penales por el 'carrusel de la contratación'. Crédito: Colprensa

En el Juzgado 11 penal del conocimiento de Bogotá, el exalcalde Samuel Moreno Rojas presentó a uno de los testigos con los que busca demostrar su inocencia dentro de uno de los dos procesos que se le adelantan por el escándalo del 'carrusel de la contratación'.

Moreno Rojas le preguntó a su exsecretario de Gobierno, Yuri Chillán, sobre su actuación frente a la celebración y ejecución de los contratos de la malla vial en la capital de la República.

El exmandatario distrital le preguntó si en algún momento Chillán fue testigo de irregularidades o si conoció la ejecución de algún tipo de delitos cuando se desempeñó como secretario de Gobierno.

Ante las preguntas, Chillán negó cualquier vínculo o actuación anómala del exalcalde y por el contrario resaltó su labor, indicando que siempre buscó tener el personal idóneo para los principales cargos en el Distrito.

Sin embargo, el fiscal del caso consideró que existe la posibilidad que Chillán no conociera de las irregularidades, puesto que el nombramiento del Instituto para el Desarrollo Urbano (IDU) de Liliana Pardo la hizo el propio Samuel Moreno Rojas.

Fue en dicho Instituto, según el representante del ente investigador, donde se presentaron las irregularidades en la celebración y entrega de los millonarios contratos viales.

Según la investigación, Moreno Rojas solicitó comisiones a un grupo de contratistas con el fin de beneficiarlos en la entrega de contratos viales en Bogotá, entre los que se encontraban la fase III de TransMilenio, la reparación de la malla vial y la valorización.

Para este fin, Samuel Moreno habría sostenido reunionescon su hermano, Iván Moreno Rojas, el abogado Álvaro Dávila y los contratistas Emilio Tapia y Julio Gómez.

Esto con el objetivo de “cuadrar” la entrega de tres multimillonarios contratos viales, generándose un desfalco que habría ocasionado sobrecostos por 197 mil millones de pesos.


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