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La Procuraduría archivó la investigación disciplinaria que adelantaba contra varios exfuncionarios de TransMilenio por la decisión de bajar las tarifas del sistema masivo de transporte, tomada por el entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
En su determinación, el ministerio público concluyó que la reducción de tarifas no afectó las finanzas de la capital debido a que “contaba presupuestalmente con los recursos públicos para hacer viable la medida de disminuir la tarifa del servicio público de transporte durante unas horas determinadas del día”.
Consideró además que “la medida del Alcalde Mayor de Bogotá para la época, repercutió en el bien de la comunidad, principalmente frente a la población de menos recursos”.
En el fallo disciplinario, la Procuraduría concluyó que la medida se sustentó en estudios técnicos y económicos y “correspondió a la ejecución de una política pública contemplada en el Acuerdo 489 de 2012, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social y Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá 2012-2016”.
En ese sentido, el órgano de control disciplinario advirtió que la administración de Petro cumplió con la finalidad de reducir la demanda de horas pico y aumentarla en horas valle “con la medida tarifaria se logró una repercusión del crecimiento de la demanda y un uso más eficiente del sistema”.
“No encontramos frente a una decisión de gestión pública de un gobernante, mediante la cual con unos fines de interés público, entre ellos para mejorar la movilidad de la ciudad, y sustentándose en unos estudios, decidió disminuir la tarifa para la prestación de un servicio público”, puntualiza el fallo.
En su cuenta de Twitter, Gustavo Petro, resaltó la decisión del Ministerio Público: “Procuraduría acaba de archivar la investigación disciplinaria sobre mi política tarifaria en Transmilenio, dice que fue una medida acorde a cumplir los objetivos del Estado Social de Derecho”.
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