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El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, puso en marcha un mecanismo que modifica la aplicación del subsidio al diésel en Colombia. La medida introduce un tratamiento diferenciado en el precio del combustible para los vehículos de servicio particular, diplomático y oficial, con el objetivo de ajustar el uso de los recursos públicos y mantener la protección sobre los sectores del transporte considerados esenciales para la economía y la movilidad del país.
La decisión parte de un diagnóstico según el cual, durante varios años, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles terminó cubriendo el consumo de diésel de vehículos que no cumplen una función social directa. Este esquema, según el gobierno, generó un costo fiscal elevado, al extender el subsidio a segmentos del parque automotor que no están vinculados al transporte público de personas o mercancías.
¿Qué cambia en el precio del diésel?
Con la entrada en vigencia del mecanismo diferencial, el precio del diésel utilizado por vehículos particulares, diplomáticos y oficiales se ajusta progresivamente hacia un valor más cercano al de referencia internacional. El objetivo es corregir distorsiones en la estructura del subsidio y mejorar la focalización del gasto público, sin alterar el régimen tributario ni los impuestos territoriales asociados al combustible.
El Gobierno aclaró que este cambio no corresponde a un aumento generalizado del diésel. El transporte público de carga y pasajeros queda expresamente excluido de la medida, lo que significa que buses, camiones y demás vehículos que prestan servicios esenciales no enfrentarán incrementos derivados de esta decisión. Con ello se busca evitar efectos en los costos del transporte, los precios de los alimentos y el bolsillo de los hogares.
Implementación gradual y focalizada
La aplicación del mecanismo será gradual y comenzará en las principales ciudades y áreas metropolitanas del país. Esta fase inicial permitirá realizar seguimiento, control y monitoreo del impacto del ajuste antes de considerar su ampliación a otros municipios, según el gobierno. Las zonas priorizadas concentran una alta demanda de diésel por parte de vehículos particulares y cuentan con mayores capacidades para supervisar la implementación.
El Ministerio de Minas y Energía será el encargado de la regulación, vigilancia y control del mecanismo, mientras que, junto con el Ministerio de Hacienda, definirá la metodología para establecer el ingreso al productor del combustible en este nuevo esquema. El seguimiento a la medida servirá como insumo para evaluar su funcionamiento y la posibilidad de extenderla a más regiones, garantizando criterios de eficiencia.
Alcance fiscal y social de la medida
Desde el Gobierno se ha señalado que el subsidio a los combustibles debe concentrarse en donde cumple una función social. La exclusión del transporte público del ajuste busca proteger el empleo, la producción y el costo de vida de millones de familias, al tiempo que se corrige un subsidio que no estaba dirigido de forma focalizada.
El gobierno reiteró que el cambio apunta a un uso más equitativo y eficiente de los recursos del Estado. El enfoque del mecanismo diferencial es priorizar los sectores estratégicos del transporte y reducir la presión fiscal asociada al consumo de diésel por parte de vehículos que no prestan servicios públicos, manteniendo la estabilidad del sistema y el abastecimiento del combustible en el país.
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